Fiscalía General definió las fechas de imputación para Ricardo Roa y Juliana Guerrero
El 11 de marzo será la audiencia por la investigación sobre la adquisición de un inmueble en Bogotá, la fecha por el caso de los topes aún no se fija
10 de febrero de 2026Contenido
La Fiscalía General de la Nación ha programado las fechas para las audiencias de imputación de cargos contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y Juliana Guerrero.
El primer proceso judicial se llevará a cabo el próximo 11 de marzo y está relacionado con la adquisición de un inmueble en Bogotá. La investigación se centra en el precio de compra del apartamento y el vínculo de la transacción con un empresario que mantiene relaciones contractuales con la petrolera estatal.
De forma paralela, Roa enfrenta una investigación por la presunta violación de topes electorales durante la campaña presidencial de 2022. Aunque el Consejo Nacional Electoral ya emitió un fallo adverso sobre estos hechos, el ente acusador aún no ha establecido la fecha para la imputación correspondiente a este caso específico. Los reportes financieros indican que los gastos declarados estuvieron cerca de los límites legales permitidos en ambas vueltas presidenciales.
En el marco de esta misma investigación sobre financiamiento, se analiza un aporte de $500 millones realizado por el sindicato de docentes Fecode. El dinero fue entregado inicialmente al movimiento Colombia Humana y, según las pesquisas de las autoridades, terminó integrado en las cuentas oficiales de la campaña. Este movimiento de recursos es uno de los puntos centrales que la Fiscalía busca esclarecer en el proceso judicial.
Por otro lado, Juliana Guerrero será imputada el 27 de febrero por delitos relacionados con fraude procesal y falsedad en documento público. La exfuncionaria es señalada de utilizar títulos falsos de contadora pública y tecnóloga en gestión contable para acceder al cargo de viceministra de juventudes. En esta diligencia también deberá comparecer Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Fundación San José, por su presunta participación en la emisión de dichas certificaciones.
La evidencia recopilada por la Fiscalía sugiere que Guerrero no cumplió con los requisitos académicos necesarios, omitiendo la asistencia a clases y la presentación de las pruebas de Estado obligatorias. El ente investigador mantiene abiertas otras líneas de indagación sobre casos similares reportados recientemente.
Estas audiencias marcarán el inicio formal de las etapas procesales para determinar la responsabilidad jurídica de los involucrados.