Fiscalía imputará cargos y solicitará medidas de aseguramiento a 10 alcaldes
El anuncio se da en el marco del plan de trabajo Transparencia por la Emergencia, en conjunto con la Contraloría y la Procuraduría
21 de mayo de 2020Contenido
La Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría articularon sus esfuerzos, a través del programa Transparencia para la Emergencia, para garantizar la correcta administración de los recursos públicos durante la emergencia del covid-19.
En un anuncio sobre los resultados de ese bloque anticorrupción el fiscal general, Francisco Barbosa, anunció que imputará cargos y solicitará medida de aseguramiento contra 10 alcaldes, por delitos como interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales, y diversos tipos de peculado, entre otros.
Los mandatarios a los que se refirió el fiscal fueron: José Manuel Ríos (Armenia, Quindío), Rummenigge Monsalve (Malambo, Atlántico), Luis Antonio Rhenals (Cereté, Córdoba), Claudia Luz Alba Porras (Socorro, Santander), Luis Alberto Balcero (Calarcá, Quindío), Jhon Jaime Ospina (San Pedro, Valle del Cauca), Jorge Iván Vásquez (San Antonio, Tolima), Germán Herrera (Guaduas, Cundinamarca), Nelson Gómez (Palocabildo, Tolima) y Rafael Antonio Ospina (Coveñas, Sucre).
Estos dos últimos, anunció Barbosa, ya fueron capturados. Además, otros tres mandatarios locales serán llamados a interrogatorio en calidad de indiciados: Eduardo Cortés (Acacias, Meta), Carlos Alberto Román (Girón, Santander) y Andrés Eduardo Gómez (Sincelejo, Sucre).
Así mismo, serán llamados a interrogatorio en calidad de indiciados 10 funcionarios de esas alcaldías, y se harán 23 imputaciones con solicitud de medida de aseguramiento contra contratistas, intermediarios y otros funcionarios públicos de distintas categorías.
Además, la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia citó a interrogatorio en calidad de indiciados a 3 gobernadores: Everth Hawkins (San Andrés Islas), José Facundo Castillo (Arauca) y Heydeer Palacio (Guaviare).
Las medidas de la entidad, dijo su cabeza, se dan después de la verificación de más de 3.000 contratos suscritos durante la emergencia económica, 189 acciones investigativas y 393 inspecciones en todos los departamentos. Actualmente hay abiertas 68 indagaciones preliminares, y se han hecho 15 compulsas de copias a fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia.