Fiscalía imputará dos delitos más a Nicolás Petro y pedirá medida de aseguramiento
Los cargos se relacionan con cinco contratos suscritos entre 2021 y 2022 por la Fundación Conciencia Social, Fucoso
08 de septiembre de 2025Contenido
La Fiscalía solicitó una audiencia de imputación de cargos contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público. El ente acusador también pedirá una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para el exdiputado del Atlántico.
Los cargos se relacionan con cinco contratos suscritos entre 2021 y 2022 por la Fundación Conciencia Social, Fucoso, y la Unión Temporal Conciencia Incluyente con la Gobernación del Atlántico, por un valor superior a los $3.000 millones. Los convenios estaban destinados a programas de atención a adultos mayores y estudiantes con discapacidad, pero según la Fiscalía, los servicios nunca se ejecutaron.
La investigación señala que Nicolás Petro, durante su periodo como diputado, habría influido irregularmente en la adjudicación de estos contratos para obtener beneficios económicos, presuntamente junto a su expareja, Daysuris Vásquez. Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía se incluyen audios de WhatsApp y documentos que revelarían manipulación en la asignación de recursos y sobrecostos en los contratos.
Este nuevo caso se suma al proceso que Nicolás Petro ya enfrenta en el Juzgado Segundo Especializado de Barranquilla por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, relacionado con presuntos ingresos injustificados de más de $1.000 millones durante la campaña presidencial de su padre en 2022. En ambas investigaciones, la fiscal Lucy Laborde lidera la acusación.
La Fiscalía argumenta que la gravedad de los delitos y el riesgo de fuga justifican la solicitud de prisión preventiva. La audiencia de imputación se realizará en Barranquilla, aunque aún no se ha definido la fecha exacta.
El caso ha generado críticas hacia el gobierno del presidente Gustavo Petro, quien ha reiterado que respeta la independencia judicial. Analistas señalan que el proceso podría afectar la imagen anticorrupción de su administración.