Fiscalía imputó a Salvatore Mancuso y otros paramilitares por 5.224 hechos violentos

La Fiscalía General de la Nación anunció que imputará al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y a otros 24 integrantes de las extintas AUC por 5.200 hechos criminales ocurridos entre 1987 y 2005, que dejaron como saldo 6.552 víctimas.

Se trata de dos nuevas macroimputaciones contra el antiguo comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia ante tribunales superiores de Barranquilla y Bogotá, en sus salas especializadas de Justicia y Paz al convicto extraditado.

En el Tribunal Superior de Barranquilla, la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía realizó la macroimputación con el mayor número de hechos delictivos atribuibles al paramilitarismo durante la implementación de la Ley de Justicia y Paz.

El ente acusador detalló que la imputación contra Mancuso Gómez, en su condición de comandante del grupo armado ilegal; y a 24 integrantes más, desmovilizados del Bloque Córdoba, frente La Mojana y la Casa Castaño de las Autodefensas Unidas de Colombia, se les acusa de la comisión de 4.071 hechos violentos que dejaron 6.552 víctimas en Antioquia, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Santander y Sucre.

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos imputados en el Tribunal de Barranquilla están relacionados con 1.116 homicidios; 2.023 casos de desplazamiento forzado, 371 hechos de desaparición forzada, 28 delitos por violencia basada en género, 10 de reclutamiento ilícito y 523 asociados a otros delitos.

"Ante la Sala de Control de Garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, un fiscal de la Dirección de Justicia Transicional imputó a los desmovilizados y solicitó medida de aseguramiento en atención a los parámetros establecidos en la Ley de Justicia y Paz", aseguró el ente acusador.

Entre los hechos que se les imputaron a los exparamilitares están:

• Masacre de Pichilín, ocurrida el 4 de diciembre de 1996, en jurisdicción de Morroa (Sucre). En la que Salvatore Mancuso y hombres a su cargo asesinaron a 11 personas y generaron un desplazamiento masivo.
• Masacre de Tasajera, ocurrida el 1 de octubre de 1996. Hombres pertenecientes al Bloque Córdoba de las Autodefensa Unidas de Colombia incursionaron al corregimiento Tasajera, en El Guamo (Bolívar); y le ocasionaron la muerte a tres hombres y a una mujer, la cual fue torturada. Adicionalmente, ocasionaron un desplazamiento de los núcleos familiares de las víctimas.

En cuanto a los delitos que se le imputaron a Mancuso y a otros 22 hombres que integraron el denominado Bloque Montes de María de las AUC en el Tribunal Superior de Bogotá, se señalan 1.153 hechos delictivos registrados en los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba.

Según la acusación de la Fiscalía, dentro de los hechos criminales se destacan 229 homicidios, 108 desapariciones forzadas y 690 hechos por desplazamientos forzados.

Algunos de los casos imputados ante la Sala de Control de Garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá son:

• El 12 de marzo de 2003, cinco personas armadas ingresaron a un inmueble de la vereda El Penique, en Clemencia (Bolívar), asesinaron al señor Sebastián Herrera Ramírez y se llevaron a tres de sus hijos. Uno de ellos fue encontrado sin vida al día siguiente y de los otros dos se desconoce su paradero.
• El 3 de diciembre de 2002, los hermanos Eliecer David y Jaime Beltrán Morales fueron asesinados en el corregimiento El Aguacate de San Onofre (Sucre), mientras se trasladaban en una camioneta junto a otras personas. Uno de los pasajeros y testigos de los hechos contó a la familia de la víctima lo sucedido; sin embargo, 15 días después fue desaparecido por un grupo armado. El cuerpo fue ubicado y exhumado en diligencias realizadas en 2007, y posteriormente entregado a sus familiares.

Salvatore Mancuso se encontraba preso en Estados Unidos por narcotráfico, pena que cumplió hace tres años. Ahora está a la espera de su futuro judicial mientras se resuelve su petición para entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Mancuso tendrá libertad condicional si regresa a Colombia, de acuerdo con el fallo de un juez de ejecución de penas de Justicia y Paz.