Fiscalía imputó al exviceministro Luis Edmundo Suárez por el caso de los helicópteros MI-17
El exviceministro es investigado por presuntas irregularidades en un contrato de mantenimiento de helicópteros MI-17 del Ejército por US$32,4 millones.
28 de julio de 2026Contenido
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al exviceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa, Luis Edmundo Suárez Soto, por su presunta participación en las irregularidades que rodearon el contrato para el mantenimiento de 19 helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional, un proceso valorado en US$32,4 millones. Sin embargo, el exfuncionario no aceptó los cargos formulados por el ente investigador.
De acuerdo con la Fiscalía, Suárez habría sido uno de los principales articuladores de un supuesto acuerdo criminal que buscó favorecer a la empresa estadounidense Vertol Systems Company, pese a que esta no cumplía con los requisitos financieros y de experiencia exigidos para ejecutar el contrato. La investigación sostiene que el exviceministro impulsó cambios en el proceso de contratación, flexibilizó los requisitos y promovió ciertos mecanismos que facilitaron la adjudicación.
El ente acusador le atribuyó ocho delitos, entre ellos interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y tráfico de influencias. Según la hipótesis de la Fiscalía, Suárez también habría promovido un anticipo equivalente a 50% del valor del contrato, pese a que esa figura no estaba contemplada inicialmente y el contratista presentaba incumplimientos.
El caso hace parte de uno de los mayores escándalos de contratación recientes del sector Defensa. La Fiscalía sostiene que las presuntas irregularidades dejaron inoperativa gran parte de la flota de helicópteros MI-17, aeronaves estratégicas para el transporte de tropas, abastecimiento de zonas apartadas y apoyo en operaciones militares. De igual forma, la investigación también involucra a empresarios y otros exfuncionarios del Ministerio de Defensa que habrían participado en el direccionamiento del contrato.