La Fiscalía General imputó cargos a presuntos falsificadores de camisetas deportivas
El fiscal del caso manifestó que venían estas prendas incluso fuera del país
10 de junio de 2018Contenido
La Fiscalía General imputó cargos por usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales y concierto para delinquir, a ocho personas quienes, al parecer, serían integrantes de una organización ilegal que vendían camisetas falsas de la selección Colombia.
Se trata de Luis Andrés Quinche, John Darío Román Barreto, Sandra Janeth Gómez Gómez, Andrés Camilo Rocha Torres, Héctor Oswaldo Toro, Pilar Andrea Fonseca Galindo, José Ricardo Martín y César Augusto Ladino Moreno, quienes según la Fiscalía cada uno tendría un rol dentro de la organización.
Las investigaciones de la Fiscalía, señalan a los procesados de comprar mercancía deportiva y utensilios de cocina para remarcarlas con nombres de reconocidas marcas comerciales y venderlas como originales.
El fiscal del caso aseguró que estos hechos ocurrieron en el territorio nacional y vendían estas prendas en Bogotá, Cali, Medellín y fuera del país como en Bolivia, Ecuador, Brasil, México y Argentina.
Según el relato del delegado de la Fiscalía en la audiencia pública, “el supuesto cabecilla de la empresa delictiva Luis Andrés Quinche, era el que financiaba la compra de textiles de marcas genéricas en compañía de otros de los implicados, entre ellos Román Barreto, su hombre de confianza”.
En relación a Sandra Janeth Gómez Gómez, quien fungía como subgerente de la empresa JPR International Group S.A.S., indicó el fiscal que era la encargada del trámite bancario y el pago de los pasivos de la compañía.
Igualmente, señaló la Fiscalía que Rocha Torres y Oswaldo Toro, eran los encargados de la producción litográfica, diseño y acabados del producto. Y finalmente Fonseca Galindo, José Ricardo Martín y Ladino Moreno, fungían como administradores de las bodegas y locales, algunos en Cali (Valle del
Cauca) y Medellín (Antioquia).
Además de las investigaciones que recaen sobre las ocho personas, el ente acusador indaga si en los hechos delictivos se encuentran implicados funcionarios de la Dian y uniformados de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa).