Fiscalía levantó órdenes de captura contra algunos voceros de ‘Comuneros del Sur’
La decisión fue tomada como respuesta a una petición presentada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz el pasado 11 de octubre
07 de noviembre de 2024Contenido
En las últimas horas, la Fiscalía General levantó las órdenes de captura que pesan contra los voceros y representantes del grupo armado ‘Comuneros del Sur’ que participan formalmente en la Mesa de Diálogos con el Gobierno Nacional.
La decisión fue tomada como respuesta a una petición presentada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz el pasado 11 de octubre.
Los voceros que quedarían sin la orden de captura serían Oliverio Orfilio Pai Rodríguez, Antonio José Ovallos Anteliz, Segundo Andrés Obregón Obando, Royer Edgardo Garzón Alvarado, Jorge Wilfredo Rosero Marín, Gabriel Yepes Mejía, Lorena Vanesa Sevillano Ortiz, Santo Eligio García Natascuas, Jaime Eduardo Álvarez Riascos, Leidy Paola Tapia Benavides y Víctor Alfonso Rodríguez Canticuz.
Esta decisión, explicó la Fiscalía, obedece a la Resolución 00502 de 2024, “luego de verificar el cumplimiento de los requisitos legales esenciales y la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la solicitud del Comisionado de Paz, quien certificó que el proceso con esa organización armada se encuentra en estado avanzado y que las diferentes fases previstas se han surtido de manera exitosa y satisfactoria”, explicó.
También se destacó que el Gobierno nacional acreditó la necesidad de definir una delimitación temporal y territorial para garantizar la presencia y asistencia de los representantes de ‘Comuneros del Sur’ a los escenarios dispuestos para el progreso de las negociaciones.
Esta suspensión, aplicará en las áreas rurales de los municipios de Andes, Sotomayor, Barbacoas, Cumbal, Guachucal, La Llanada, Mallama, Providencia, Ricaurte, Samaniego y Santacruz de Guachavés (Nariño), como también en Bogotá y otras ciudades capitales en las que se requiera la presencia de los voceros mencionados.
La Fiscalía destacó también que la medida no tendrá efectos en situaciones de flagrancia respecto de conductas delictivas que constituyan graves violaciones de los derechos humanos, incluidas el secuestro y la extorsión, e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Ordenó también que sea suscrita un acta de compromiso en la que se incluya la prohibición de porte de armas de fuego de todo tipo y el uso de prendas de uso exclusivo de la fuerza pública.