Fiscalía logra millonario reintegro comprometidos en actos de corrupción en Guanía
Los exmandatarios Rodríguez Sánchez y Zapata Parrado deberán cumplir penas de 11 años y tres meses, y nueve años y un mes de prisión
11 de mayo de 2023Contenido
La Fiscalía aseguró que los exgobernadores Óscar Armando Rodríguez Sánchez y Javier Eliécer Zapata Parrado de la Guainía actuaron en contravía del mandato constitucional y comprometieron dineros públicos destinados a aliviar las necesidades de la ciudadanía.
Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, con el apoyo de un grupo de policía judicial, demostró que los dos exfuncionarios se concertaron de manera ilegal, direccionaron la contratación del departamento entre 2013 a 2019, y desviaron los recursos en beneficio personal y de los contratistas seleccionados.
De esta manera, quedó al descubierto un acuerdo ilegal. Inicialmente, el exgobernador Rodríguez Sánchez creó una diversidad de empresas y las puso a nombre de conocidos y familiares, con el propósito de quedarse con contratos de obras civiles, construcción de acueductos y cubrir proyectos de saneamiento básico para comunidades indígenas y población vulnerable.
Zapata Parrado, tan pronto asumió el cargo, dio continuidad a la ‘maraña’ de contratos que de manera irregular dejó comprometida su antecesor.
Ante la contundencia de las pruebas, los exgobernadores aceptaron mediante preacuerdo su participación en el entramado de corrupción y se comprometieron a devolver $14.794 millones, que corresponden al detrimento patrimonial generado. La Fiscalía dispuso en la negociación judicial que la suma fijada como reintegro quedará a título del departamento de Guainía y será orientada a subsanar las deficiencias en bienes y servicios de la ciudadanía, y culminar todas las actividades y compromisos que no se ejecutaron.
El preacuerdo recibió aval de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, los exmandatarios Rodríguez Sánchez y Zapata Parrado deberán cumplir penas de 11 años y tres meses, y nueve años y un mes de prisión; y pagar multas equivalentes a $4.103 millones y $2.036 millones, respectivamente.