Fiscalía pide orden de captura internacional para la excontralora Morelli
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Esto luego de solicitar la medida de aseguramiento en detención domiciliaria para ella. Tras conocerse esta petición, la Contralora Morelli dijo vía Skype desde Roma que ya se había ventilado esta petición por los medios de comunicación por lo que suponía que ya se había producido.
"Yo misma verifiqué en la Interpol que no ha existido un acto en ese sentido por la sencilla razón que no se había producido y que de todas maneras, la Interpol hace no una verificación no de fondo sino sumaria sobre la legalidad de la solicitud, sobre que no haya un trato discriminatorio", dijo Morelli al pedir a su abogado que se pronunciara de fondo.
Por estos hechos a Morelli le fueron imputados los delitos de celebración indebida de contratos sin requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros relacionados con los contratos 233 y 234 del 29 de marzo de 2012, suscritos con la firma Proyectos y Desarrollos I S.A., por valor mensual de más de 2 mil 700 millones de pesos. Esto habría ocasionado un detrimento patrimonial de más de 12 mil millones de pesos.
El fiscal Décimo Delegado, Carlos Mejía, indicó que la medida debe otorgarse por tenerse claro que Morelli no asistirá al proceso, ni cumplirá ninguna condena, en caso de que esta se produzca, toda vez que Morelli está en Italia. De hecho, la exfuncionaria se hizo presente en la audiencia desde ese país vía Skype desde Roma.
"Se cuenta con los elementos probatorios y evidencia física recogidos y asegurados e información obtenida legalmente que permitan inferir de manera razonable que María Sandra Morelli Rico es autora de los delitos imputados. Segundo, se poseen los elementos de juicio que permiten pronosticar que la imputada no comparecerá materialmente al proceso y, por ende, no cumplirá con una eventual sentencia", señaló.
El Fiscal indicó que las conductas que se le endilgan a Morelli son graves, que afectaron la capacidad del Estado para cumplir con sus funciones y que produjeron una lesión de la función de la administración pública. En ese sentido, la Fiscalía reprochó que estas presuntas delictivas las hubiera realizado la persona encargada de la gestión fiscal en el país.
El Fiscal indicó que por estos hechos le podrían significar mínimo 8 años de prisión y luego enfatizó en que Morelli abandonó al país por lo que, dijo, la medida de aseguramiento es obvia para que con los instrumentos internacionales que van al caso, pueda comparecer al juicio ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
"Mal precedente y pésimo mensaje se enviaría a la comunidad si las autoridades no actúan decididamente para asegurar la eficacia de la administración de justicia cuando alguno de los miembros más destacados de la sociedad defraudan las expectativas de rectitud y lesiona de forma dolosa e irreparable bienes jurídicos colectivos", apuntó el fiscal Mejía.
No obstante, a pesar de indicar que duda de la actitud de Morelli y de alegar que es una 'rebeldía' contra la justicia, el Fiscal Mejía solicitó de carácter urgente la medida de detención domiciliaria por considerarla suficiente.
"(...) Una vez se logre la captura de la doctora Morelli Rico, los fines de comparecencia se satisfacen con la restricción de su libertad en su residencia", precisó el fiscal.
Los hechos
Mejía indicó que en este caso hubo irregularidades en los estudios previos para la celebración del contrato de alquiler y arrendamiento del edificio toda vez que Morelli habría forzado la necesidad de trasladarse del lugar donde funcionaba la entidad en el centro de la ciudad.
El fiscal Mejía argumentó que Morelli "direccionó la toma decisiones con un referente equívoco y precario en términos de planeación", a pesar que sabía que dichos estudios para el arrendamiento no eran, supuestamente, idóneos.
En audiencia que tuvo que ser celebrada en las salas de la Corte Constitucional por motivo del paro judicial, el fiscal señaló que las supuestas irregularidades fueron advertidas entonces por el Ministerio de Hacienda, cuyo titular, habría indicado que el nuevo arrendamiento era " irracional".
Además, reprochó que Morelli no aceptó una solución planteada por dicha Cartera sino sólo para poder tener un cupo de más de 28.870 millones de pesos y a la larga buscar el arrendamiento de la Sede de Ciudad Salitre.
El Fiscal delegado indicó además que Morelli ya había decidido y escogido de manera previa el edificio en el que quería arrendar, sin tener en cuenta los costos del mercado correspondientes a bienes similares para el el servicio de oficinas. De esta forma, Morelli habría vulnerado los principios de economía y transparencia propios de la contratación estatal.
Igualmente, la Fiscalía delegada reprochó a Morelli irregularidades en el proceso por haber contratado de manera directa y no mediante selección abreviada.
"Resulta reprochable que suscribió los contratos sin la claridad, precisión y concreción sobre el objeto a contratar y aceptó la inclusión de cláusulas lesivas para los intereses de la Contraloría con las cuales rompió el equilibrio contractual", precisó el fiscal.
La diligencia que debe continuar con el pronunciamiento de la Procuraduría y la Defensa de Morelli, fue aplazada.