Fiscalía radica acusación por prevaricato contra el excanciller Leyva ante la Corte Suprema
El proceso se centra en declarar desierta la licitación de pasaportes en 2023, acción que la justicia investiga por presunto abuso de poder
08 de abril de 2026Contenido
La Fiscalía General de la Nación presentó formalmente ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia la acusación contra el excanciller Álvaro Leyva Durán. El proceso judicial se fundamenta en la presunta comisión del delito de prevaricato por acción, relacionado con el manejo de la licitación para la expedición de pasaportes en el país.
El expediente fue asignado al despacho de la magistrada Blanca Nélida Barreto. La funcionaria judicial programó la audiencia de formulación de acusación para el próximo 23 de abril a las 15:00 horas, fecha en la cual se expondrán formalmente los cargos y las pruebas recolectadas por el ente acusador durante la etapa de investigación.
La tesis de la Fiscalía sostiene que Leyva Durán emitió actos administrativos contrarios al ordenamiento jurídico vigente. Según la imputación, el entonces ministro de Relaciones Exteriores decidió declarar desierta la licitación pública de manera injustificada, a pesar de que el proceso contaba con un proponente que cumplía con los requisitos técnicos y legales exigidos.
La investigación señala que el exfuncionario omitió los conceptos técnicos que recomendaban la adjudicación del contrato a la firma Thomas Greg & Sons. La Fiscalía argumenta que la decisión de interrumpir el proceso de selección se tomó mediante un presunto abuso de poder, apartándose de los principios de transparencia y selección objetiva que rigen la contratación estatal.
El ente acusador sostiene que la actuación del excanciller puso en riesgo la prestación de un servicio público esencial vinculado al derecho fundamental de la libre locomoción. Los documentos presentados indican que el procesado rechazó los recursos legales interpuestos por la empresa afectada, manteniendo la decisión de no contratar con el operador que tradicionalmente gestionaba el documento.
Tras la declaración de desierto del proceso licitatorio, el Gobierno Nacional optó por establecer un convenio interadministrativo con la Casa de la Moneda de Portugal. Este acuerdo tiene un carácter transitorio y busca garantizar la impresión de las libretas de pasaportes mientras se realiza la transferencia de tecnología y conocimientos a la Imprenta Nacional de Colombia.
En el ámbito administrativo, la Procuraduría General de la Nación ya emitió un fallo de segunda instancia que sanciona a Álvaro Leyva con una inhabilidad de diez años para ejercer cargos públicos. El organismo de control disciplinario consideró que el exministro incurrió en faltas gravísimas al desconocer las normas de la contratación pública durante su gestión en la Cancillería.
El proceso en la Corte Suprema de Justicia determinará la responsabilidad penal del exministro en estos hechos. Mientras tanto, otras dependencias del Estado mantienen abiertas investigaciones adicionales contra funcionarios y exfuncionarios vinculados a la toma de decisiones en el marco de esta crisis administrativa por los pasaportes.