Fiscalía rechaza recurso de aplazamiento en proceso contra Álvaro Uribe
El proceso investiga su presunta vinculación con dos masacres ocurridas durante su gestión como gobernador de Antioquia
03 de julio de 2026Contenido
La Fiscalía General de la Nación rechazó la solicitud para aplazar la diligencia de indagatoria programada contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El proceso penal corresponde a las investigaciones por las masacres ocurridas en los corregimientos de El Aro y La Granja, así como a otros hechos delictivos conexos.
El exmandatario comunicó la decisión a través de sus canales oficiales, señalando que la Procuraduría General de la Nación había fundamentado la petición de aplazamiento en la ausencia de práctica de pruebas esenciales previamente decretadas. Por su parte, el ente acusador justificó la continuidad de la diligencia al manifestar que cuenta con los elementos de juicio necesarios para vincular al procesado en calidad de presunto autor o partícipe de los hechos.
"Fiscalía negó la solicitud de la Procuraduría de aplazar la fecha de indagatoria en mi contra. La solicitud de la Procuraduría advierte que no han practicado pruebas esenciales que la misma Fiscalía decretó...La ley dice que la Indagatoria es un medio de defensa, pero sin la práctica de las pruebas no tendré manera de defenderme", declaró Uribe en sus redes sociales.
Los casos bajo examen se originaron hace dos décadas a raíz de denuncias sobre la presunta responsabilidad del exgobernador de Antioquia en los hechos referidos. La base probatoria inicial incluyó el testimonio del exparamilitar Francisco Villalba, quien posteriormente fue ultimado, sumado a las recientes declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz.
Los antecedentes históricos de la investigación corresponden a dos incursiones armadas en el municipio de Ituango durante el mandato regional del procesado. La primera de ellas aconteció el 11 de junio de 1996 en el corregimiento de La Granja por parte de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, mientras que la segunda se ejecutó entre el 22 y el 31 de octubre de 1997 en El Aro.
El expediente judicial comprende de igual manera las investigaciones relacionadas al homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. El activista fue asesinado tras haber denunciado públicamente ante la gobernación de la época la presunta cooperación de miembros del Ejército Nacional con los grupos paramilitares que ejecutaron los ataques.