Fiscalía seguirá investigando a Uribe mientras la Corte Constitucional resuelve el conflicto
El expediente, relacionado con presuntos hechos ocurridos antes de que el expresidente llegara a la Casa de Nariño, fue enviado a la Corte Constitucional
28 de agosto de 2026Contenido
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La investigación penal que adelanta la Fiscalía contra el expresidente Álvaro Uribe por hechos relacionados con su paso por la Gobernación de Antioquia continuará, por ahora, en manos del ente acusador. Dicha decisión se produjo luego de que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes solicitara asumir el caso.
El proceso está relacionado con hechos que habrían ocurrido entre 1996 y 1997, cuando Uribe era gobernador de Antioquia. Entre las situaciones analizadas por la Fiscalía se encuentran unas presuntas omisiones de cara a la protección de la población civil durante las masacres de Ituango y, por los posibles vínculos con estructuras paramilitares.
La Comisión de Acusación había planteado que parte de los hechos investigados podrían extenderse hasta 2003, periodo en el que Uribe ya ejercía la Presidencia de la República. Con este argumento, solicitó que el expediente fuera trasladado a esa corporación, que tiene competencia para investigar a los presidentes por conductas cometidas durante el ejercicio de sus funciones.
Sin embargo, la Fiscalía consideró que no existen elementos suficientes para concluir que las conductas investigadas se hubieran prolongado hasta el periodo presidencial. Ante ello, el ente acusador señaló que el núcleo de la investigación está concentrado en hechos anteriores a 2002, razón por la cual, decidió mantener el expediente bajo su competencia.
No obstante, debido a que la Comisión de Investigación y Acusación presentó formalmente un conflicto positivo de competencias, el expediente será remitido a la Corte Constitucional. El alto tribunal será el encargado de determinar qué autoridad deberá continuar con el proceso.
Sin embargo, cabe aclarar que la decisión de la Fiscalía no implica un pronunciamiento sobre la responsabilidad del expresidente, sino que se limita a definir cuál es la autoridad competente para avanzar en la investigación mientras la Corte Constitucional adopta una decisión definitiva.