Formulan cargos contra el exgobernador del Chocó por irregularidades en obras viales
Este caso subraya los retos en la gestión de recursos públicos y la necesidad de garantizar que los proyectos financiados con regalías que cumplan su propósito
25 de noviembre de 2024Contenido
La Procuraduría General de la Nación abrió un pliego de cargos contra Ariel Palacios Calderón, gobernador del Chocó entre 2020 y 2023, por presuntas irregularidades que llevaron a retrasos significativos e incumplimientos en un proyecto de rehabilitación vial financiado con recursos de regalías por $13.192 millones.
El proyecto, aprobado en enero de 2015 por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión, Ocad, Pacífico, tenía como objetivo mejorar cuatro kilómetros de la vía Riosucio – Belén de Bajirá mediante pavimentación, drenajes y alcantarillado. Sin embargo, a nueve años de su aprobación, apenas alcanza un avance físico de 32,5 % y financiero de 36 %, según la investigación del Ministerio Público.
Durante la ejecución, el proyecto enfrentó cinco suspensiones tanto de la obra como de la interventoría, justificadas por problemas climáticos y bloqueos en la vía por parte de comunidades indígenas. Esta situación motivó una visita del Departamento Nacional de Planeación, DNP, que suscribió un plan de mejora con la Gobernación del Chocó para superar las dificultades y concluir la obra.
No obstante, dicho acuerdo no se cumplió, y en junio de 2019 el DNP suspendió el giro de recursos restantes. En 2021, el gobernador Palacios Calderón solicitó el levantamiento de la suspensión, argumentando que se habían cumplido las acciones del plan de mejora, pero el DNP determinó que dos de las seis acciones pactadas aún no se habían realizado.
Como resultado, los $8.391 millones destinados a completar la rehabilitación vial fueron liberados para financiar otros proyectos del Sistema General de Regalías, en cumplimiento de lo establecido por la ley.
El cargo formulado contra Palacios Calderón se relaciona con su presunta omisión en adelantar las gestiones necesarias para cumplir con el plan de mejoramiento, lo que finalmente llevó a la pérdida de los recursos destinados a la obra. La Procuraduría calificó provisionalmente la falta como grave, a título de culpa grave.