Arizabaleta solicitó acumular seis casos que tiene en curso contra Petro en el Congreso
La medida busca evitar fallos contradictorios en casos que involucran presuntos delitos de lavado de activos y más
11 de junio de 2026Contenido
La representante a la Cámara, Gloria Arizabaleta solicitó de manera formal la acumulación de los procesos y denuncias penales que se adelantan contra el presidente Gustavo Petro en la Comisión de Acusaciones del Congreso de la República.
De acuerdo con información revelada por La FM, la congresista concentra en la actualidad la totalidad de los expedientes relacionados con el mandatario, lo cual le otorga la competencia para determinar la apertura de una investigación formal o el archivo de los casos.
Aunque la representante debió someter un pronunciamiento previo ante la sala plena de la comisión por controversias jurídicas, mantiene la competencia directa sobre el conjunto de las causas contra el jefe de Estado.
El bloque de expedientes bajo la coordinación de Arizabaleta contempla seis denuncias específicas interpuestas por los ciudadanos Juan Carlos Portilla, Lesli Cali, Lorena Patricia Lázaro, Germán Pardo, Luis Manuel Ríos y David José Valencia. Los recursos legales presentados ante la corporación legislativa señalan presuntos delitos tipificados en el código penal, entre los que se encuentran lavado de activos, financiación de grupos de delincuencia organizada, tráfico de estupefacientes, enriquecimiento ilícito, celebración indebida de contratos y abuso de autoridad.
Hasta el momento de este reporte, los procesos permanecen en etapa de indagación y no se ha emitido ningún fallo o resolución definitiva sobre las conductas señaladas.
La justificación jurídica para unificar los expedientes quedó consignada en el documento técnico de la comisión, donde se argumenta que la fragmentación de las investigaciones generaría el riesgo de dictar fallos contradictorios o inhibitorios.
El texto oficial especifica que la acumulación de las causas tiene como objetivo técnico permitir un análisis integral de los patrones de conducta denunciados, abarcando desde las presuntas infracciones que motivaron inclusiones en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, Ofac, hasta las actuaciones administrativas vinculadas a la contratación de la firma Amadeus Consultancy Limited.
El procedimiento ha generado interpretaciones divergentes entre analistas jurídicos, quienes debaten si la medida facilitará el inicio de una causa penal formal o si conducirá al cierre definitivo de las acciones vigentes.
La gestión de estos procesos coincide con la finalización del periodo de la representante Arizabaleta en la célula legislativa, a quien le restan aproximadamente 10 días calendario al frente de la Comisión de Acusaciones. Debido a que la funcionaria no continuará en dicho equipo ni formará parte del Congreso de la República durante la siguiente legislatura, el marco temporal para tomar una determinación jurídica sobre los expedientes acumulados es limitado.
Antes de su retiro, la congresista deberá optar entre emitir un acto inhibitorio que ordene el archivo general de las denuncias o, por el contrario, dejar habilitada una investigación formal que deba ser tramitada y resuelta por los miembros de la comisión en el próximo periodo legislativo.
El desenlace de los expedientes acumulados se mantiene bajo reserva técnica a la espera de un pronunciamiento oficial antes del relevo en la mesa directiva y la composición de la célula judicial del Congreso. La determinación final que adopte la representante Arizabaleta definirá la viabilidad jurídica de los cargos presentados por los denunciantes frente a las instancias institucionales correspondientes.
El curso de las denuncias contra el presidente de la República quedará condicionado por los términos legales de la presente legislatura, determinando si el caso pasa a una etapa probatoria formal o si concluye el trámite de control político y judicial.