Gobierno confirmó extradición de Andrés Marín, alias "Pipe Tuluá" a Estados Unidos
Contenido
El Gobierno Nacional confirmó la extradición a Estados Unidos de Andrés Felipe Marín Silva, conocido como alias "Pipe Tuluá", tras resolver de forma negativa el recurso de reposición presentado por su defensa.
La decisión se formalizó mediante la Resolución Ejecutiva 037 del 26 de enero de 2026, firmada por el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga Franco. Con este acto administrativo, el procesado será trasladado para comparecer ante una Corte del Distrito Este de Texas por cargos relacionados con el tráfico de estupefacientes.
La defensa del procesado solicitó que la entrega se condicionara al cumplimiento previo de las condenas vigentes en Colombia por delitos de extorsión, secuestro y homicidio. Sin embargo, el Ejecutivo desestimó este argumento al señalar que la facultad de diferir la entrega es una atribución discrecional del Estado.
El Ministerio de Justicia determinó que el procedimiento cumple con los requisitos constitucionales y priorizó la cooperación internacional en la lucha contra el crimen transnacional sobre la permanencia del individuo en territorio colombiano.
Respecto a la participación de Marín Silva en procesos de paz, la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz certificó que el detenido no posee un rol formal ni reconocimiento como representante en mesas de diálogo, a pesar de su vinculación con el grupo delictivo "La Inmaculada".
Esta certificación permitió al Gobierno concluir que los acercamientos exploratorios con dicha organización no representan un impedimento legal para ejecutar la orden de extradición solicitada por las autoridades estadounidenses.
El procesado enfrenta en Estados Unidos tres cargos federales vinculados a la distribución e importación de cocaína. En cuanto a los procesos judiciales pendientes en Colombia, que incluyen dos condenas y múltiples indagaciones, el Ministerio de Justicia informó que el procesado podrá atender sus requerimientos ante los jueces nacionales mediante el uso de herramientas tecnológicas y medios virtuales, amparados en los tratados internacionales de asistencia mutua en materia penal.
Asimismo, el Ministerio de Justicia indicó que se adelantan gestiones para actualizar la infraestructura tecnológica en las prisiones y se mantiene una colaboración con la Fiscalía General de la Nación para investigar el presunto uso de software de interceptación ilegal.