El Gobierno interpone recurso de súplica ante el Consejo de Estado por el mínimo
El argumento central de la Casa de Nariño sostiene que la providencia notificada el 13 de febrero incurre en una "anticipación de fallo"
18 de febrero de 2026Contenido
El pulso jurídico por la remuneración básica en Colombia ha escalado a una nueva instancia tras la presentación de un recurso de súplica por parte del Gobierno Nacional ante el Consejo de Estado. La administración central busca dejar sin efectos la decisión judicial que ordenó la suspensión provisional del Decreto 1469 de 2025, norma que establece las directrices para la fijación del salario mínimo.
Según el Ejecutivo, la medida cautelar proferida por el alto tribunal no solo excede los límites legales permitidos, sino que compromete directamente el interés general de la nación. La controversia legal tiene su origen en un proceso administrativo impulsado por el ciudadano Carlos Francisco Soler Peña, que suspendió el decreto de alza en 23,7% del mínimo.
La demanda fue instaurada contra la Nación, lo que vincula directamente a las carteras de Hacienda y Crédito Público, Trabajo, y al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre. En respuesta, el equipo jurídico del Estado ha articulado una defensa conjunta para proteger la vigencia de la normativa salarial frente a las pretensiones del demandante.
La ofensiva legal del Gobierno cuenta con un frente técnico de alto nivel, liderado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Entre los firmantes del recurso destacan Mariano Ezequiel Barros Rivadeneira, director de Defensa Jurídica Nacional, y las jefes jurídicas de los ministerios implicados: Camila Andrea Bohórquez Rueda (Trabajo), Leidy Katherine Gómez Buitrago (Hacienda) y Jenire Carolina Salas Figueroa (Dapre). Este bloque busca que la corporación judicial reevalúe el auto emitido el pasado 12 de febrero de 2026.
El argumento central de la Casa de Nariño sostiene que la providencia notificada el 13 de febrero incurre en una "anticipación de fallo". Para el Ejecutivo, el Consejo de Estado realizó un análisis de fondo sobre la legalidad del decreto que, por su naturaleza, corresponde exclusivamente a la sentencia definitiva y no a una etapa preliminar de medidas cautelares.
Esta situación, a juicio de los abogados del Gobierno, desvirtúa la esencia instrumental del proceso judicial.
En el documento radicado, el Gobierno enfatiza que las medidas cautelares deben ser provisionales y evitar perjuicios irremediables, pero en ningún caso deben sustituir la regulación vigente. La administración argumenta que, al ordenar un régimen transitorio mientras se resuelve el litigio, el tribunal está legislando de facto.
Esto, advierten, genera efectos jurídicos equivalentes a una nulidad total sin que se haya agotado el debate probatorio y jurídico necesario para una decisión de tal magnitud.
La resolución de este recurso de súplica será fundamental para brindar seguridad jurídica al mercado laboral y a las proyecciones macroeconómicas del país.
Un fallo adverso para el Gobierno mantendría la incertidumbre sobre la base salarial de 2026, lo que afectaría la planeación financiera de las empresas y el poder adquisitivo de los trabajadores. El Consejo de Estado tendrá ahora la responsabilidad de definir si mantiene la suspensión o si devuelve la vigencia al polémico decreto mientras avanza el juicio.