Gobierno prohíbe pagos a contratistas sin pruebas de ejecución y ordena auditorías
La directiva establece un plazo de 10 días hábiles para presentar planes de auditoría y contempla sanciones para funcionarios que incumplan sus labores de vigilancia
08 de octubre de 2026Contenido
La Presidencia de la República expidió la Directiva Presidencial No. 04, mediante la cual estableció nuevas instrucciones de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional, con el propósito de prevenir irregularidades en la contratación estatal y garantizar que los recursos públicos se destinen al pago de obras, bienes y servicios efectivamente entregados.
La directiva establece medidas para fortalecer la vigilancia sobre la ejecución de los contratos y determina las responsabilidades de los funcionarios encargados de supervisar el uso de los recursos del Estado.
Una de las principales disposiciones señala que las entidades estatales no podrán autorizar pagos a contratistas sin verificar previamente que existan pruebas claras y comprobables de la ejecución de las actividades contratadas. Asimismo, prohíbe modificar o alterar documentos contractuales para justificar trabajos que no se hayan realizado.
La instrucción también contempla una revisión de todos los contratos que se encontraban vigentes al 7 de agosto de 2026. Los supervisores de las entidades deberán examinar su ejecución e identificar posibles irregularidades, sobrecostos o cobros correspondientes a servicios que no fueron prestados.
En caso de encontrar estas situaciones o indicios de conductas delictivas, los funcionarios tendrán la obligación de poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.
Por otra parte, las Oficinas de Control Interno de los ministerios y departamentos administrativos tendrán un plazo de 10 días hábiles para presentar un plan de auditoría de los contratos. Además, deberán elaborar informes de seguimiento con una periodicidad de tres meses.
La directiva también establece consecuencias para los funcionarios responsables de la supervisión contractual que incumplan sus obligaciones de vigilancia o expidan certificaciones falsas sobre la ejecución de los contratos.
En estos casos, los responsables podrán enfrentar consecuencias penales, disciplinarias, fiscales y patrimoniales por los perjuicios ocasionados al Estado, de acuerdo con las responsabilidades establecidas en la instrucción presidencial.
Con estas disposiciones, el Gobierno Nacional busca reforzar los controles sobre la contratación pública y evitar que se realicen desembolsos por actividades que no hayan sido ejecutadas o que carezcan de los soportes necesarios para justificar su pago.