Gobierno De la Espriella radicó reforma antimermelada para la gestión de los congresistas
El proyecto propone crear registros públicos de inversiones regionales, financiadores de campañas e intereses de los congresistas, además de establecer nuevas causales de pérdida de investidura
16 de octubre de 2026Contenido
El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella radicó ante la Cámara de Representantes un proyecto conocido como la reforma antimermelada, con el que busca establecer nuevas reglas para las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso, así como transparentar la gestión de recursos públicos y, también la financiación de las campañas políticas.
La iniciativa fue presentada por el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, y propone modificar los artículos 180, 182, 183 y 346 de la Constitución Política. Entre sus principales medidas está la creación de registros públicos para consultar los intereses declarados por los congresistas, los financiadores de sus campañas y los proyectos de inversión que promuevan principalmente para sus regiones.
Uno de los cambios centrales permitiría que senadores y representantes a la Cámara postulen proyectos de inversión pública para beneficiar a sus departamentos, municipios y habitantes. Estas gestiones quedarían registradas para que la ciudadanía pueda conocer las solicitudes y hacer seguimiento a las iniciativas impulsadas por sus representantes.
Sin embargo, la propuesta establece una separación entre promover una obra y participar en la contratación estatal. Los congresistas podrían postular proyectos, pero no intervenir en la adjudicación, celebración o ejecución de los contratos derivados de esas iniciativas.
El ministro Lara ha defendido esta distinción al señalar que postular un proyecto no equivale a aprobarlo, priorizarlo ni financiarlo. Según el planteamiento del Ejecutivo, el objetivo es que las necesidades de inversión de las regiones puedan presentarse mediante procedimientos públicos, en lugar de tramitarse a través de acuerdos que no permitan conocer con claridad cómo se gestionan los recursos.
La reforma también propone cambios en las reglas sobre conflictos de intereses. De acuerdo con el articulado presentado, la financiación de una campaña que esté debidamente registrada no constituiría, por sí sola, un conflicto que obligue a un congresista a declararse impedido para participar en una discusión o votación. Lo mismo aplicaría a los intereses generales de sectores económicos, sociales o regionales.
En cambio, el proyecto plantea que exista un conflicto de intereses que obligue a declararse impedido cuando haya un beneficio particular y determinado para el congresista, su pareja, sus familiares o sus socios, en los términos contemplados por la iniciativa. La propuesta busca diferenciar la defensa de intereses colectivos de las situaciones en las que una decisión legislativa pueda representar un beneficio específico para el propio funcionario o su entorno.