Hay 131 municipios que poseen altos niveles de riesgo para elecciones de este año
Se esta presentando riesgo en las elecciones por dos razones, por riesgo electoral y por factores de violencia en los departamentos
09 de febrero de 2022Contenido
La Misión de Observación Electoral (MOE), en cabeza de Alejandra Barrios Cabrera, presentó un informe donde presenta que 131 municipios tienen grandes riesgos para las elecciones del 2022. Por una parte, unos presentan riesgo de fraude electoral y otros por factores de violencia. De este total, 49 se encuentran en riesgo extremo, 65 en riesgo alto y 17 en riesgo medio.
Pese a que el riesgo es el menor desde que la MOE inició con la elaboración de los Mapas de Riesgo Electoral, el numero de municipios en donde coinciden ambos riesgos disminuyó en un 23% con relación al 2018, pasando de 170 a 131.
Este informe indica que los municipios que presentan un riesgo extremo por violencia y factores indicativos de fraude electoral se ubican en los siguientes departamentos: Putumayo, Arauca, Sucre, Norte de Santander, Nariño, Meta, La Guajira, Chocó, Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cauca y Córdoba. De todos estos, 21 se mantienen en riesgo extremo desde las elecciones del 2018.
Para este año, el numero de municipios en riesgo por factores de violencia es 319, nueve mas que la cifra reportada en el 2018. La MOE le atribuye este hecho a la reconfiguración y disputa por el control territorial por parte de los grupos armados al margen de le Ley. En el caso de los que conforman la Citrep, 145 de ellos hace parte de la totalidad de municipios que presentan factores de violencia y 52 poseen riesgo extremo.
Por otra parte, el riesgo por fraude electoral presenta, en las elecciones a Cámara 51 municipios en riesgo extremo, 98 en riesgo alto y 186 en riesgo medio; siendo 355 municipios con algún nivel de riesgo.
En cuanto a las elecciones a Senado, 30 municipios presentan riesgo extremo, 99 un riesgo alto y 194 un riesgo medio, siendo 323 municipios en riesgo.
Según la MOE, este análisis concluye en que se debe fortalecer la capacidad de la autoridad electoral para que puedan realizar una efectiva vigilancia y control de las campañas políticas.