¿Hay política minera?
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Hemos recibido como un “baldado de agua fría” la última novedad expresada por el Sr. Ministro de esta cartera en la Feria Internacional Minera que se realizó en Medellín la semana pasada, donde hizo el anuncio del aplazamiento de los términos para recibir propuestas de contratos de concesión hasta el segundo semestre del próximo año (2013).
Si uno hace cuentas de cuánto tiempo lleva aplazado el término para que el Estado, a través de su Autoridad Minera, reciba nuevas Propuestas de Concesión Minera, se encuentra que desde la expedición de la Resolución No. 180099 del 1º de febrero del año 2011, es decir hace más de un (1) año y medio, la Minería viene paralizada sin posibilidad de acceder a nuevas áreas para iniciar trabajos de exploración minera.
Así entonces, con éste nuevo anuncio de suspensión de términos para radicar Propuestas, se completarán más de dos (2) años sin que haya posibilidad para el inversionista privado y extranjero en acceder a nuevas áreas que le permitan emprender un proyecto minero de cualquier tipo.
Son muchas las razones que se vienen argumentando por parte de la Autoridad Minera para sostener este aplazamiento, tales como: i) adelantar hasta su terminación el plan de descongestión para poner en orden la minería, buscando evacuar más de 19.000 solicitudes represadas; ii) un nuevo sistema de geo-referenciación que aumente la agilidad en todos los trámites ante la Agencia Nacional Minera; iii) Recoger las delegadas mineras de las Gobernaciones; iv) actualizar el Registro Minero con el Registro Único de Áreas Protegidas, con el objeto de tener certeza al momento de otorgar un título minero; v) reglamentación de áreas máximas objeto de solicitudes de legalización; vi) puesta en marcha de la Agencia Nacional Minera (incorporación de planta de personal, adecuación física); y vii) la implementación de la fiscalización de los títulos mineros vigentes.
Es preocupante para el interesado en hacer minería en este país, ver que no hay estabilidad en las reglas de juego en cuanto a presentar propuestas se refiere, pues no hemos mantenido del año 2011 en adelante en prorrogas sucesivas, que generan una total incertidumbre de cuándo poder aplicar a un área. Es triste decirlo, pero los más beneficiados con estas medidas vienen siendo algunos “mineros de maletín” que negocian las áreas solicitadas al mejor postor, sin conocimiento alguno del área por la que piden altas sumas de dinero, y algunos otros, muchos o pocos, no sé, que se escudan bajo la figura de la legalización de minería de hecho, para solicitar áreas con grandes extensiones de tierra, sin cumplimiento de los requisitos legales y con el ánimo de congelarlas para futuras negociaciones. Como bien se sabe, el Gobierno se ha enfocado en ofrecer a los mineros tradicionales la posibilidad de formalizar su actividad y para ello se ha expedido el nuevo Decreto 1970 del 21 de septiembre de 2012.
Política de Estado, como bien lo ha referido el columnista Rodolfo Segovia, en su publicación de Portafolio de la semana pasada, significa que todas las agencias trabajen en la misma y unívoca dirección, para que haya rumbo. Sí adicional a lo anterior, sumamos todos los proyectos de ley que se han presentado recientemente al Congreso para imponerle a las compañías mineras más impuestos (industria y comercio), nuevas compensaciones económicas en los contratos, mayor participación de la mano de obra local, nuevas modificaciones al régimen sancionatorio ambiental, restricciones ambientales y demoras para el licenciamiento ambiental, no entiendo cuál es la Política Minera que tiene el país para hacerlo minero.
Sólo queda la esperanza que este tiempo que se va a tomar la Autoridad Minera, sea el definitivo para poner la casa en orden, y empezar de nuevo, de otra forma veo muy difícil que seamos atractivos para la inversión minera y su desarrollo.