"Hay que reducir los tiempos de trámite de los procesos", indicó Lucy Bermúdez

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El Gobierno planea presentar en los próximos meses un nuevo intento de reforma a la justicia en el que se baraja cambiar los requisitos y facultades de los magistrados de las altas cortes, a la vez que se estudian propuestas para poder descongestionar los despachos judiciales del país.

En entrevista con Asuntos Legales, presidente saliente del Consejo de Estado, Lucy Jeannette Bermúdez, quien acaba de entregar su cargo al magistrado Álvaro Namén Vargas, manifestó que es fundamental que se reduzcan los tiempos de trámite y se refirió a sus principales logros al frente del Tribunal Supremo de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

¿Cuáles diría que fueron sus principales logros al frente del Consejo de Estado?
Desde obtener la certificación de calidad de Icontec para 85% de las áreas de la corporación hasta haber obtenido el premio de transparencia y rendición de cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública o la puesta en marcha de la Sala de Lactancia.

También otros, como haber empezado a descontar la antigua deuda que teníamos con las comunidades indígenas, propiciando un intercambio de saberes que a todos beneficia con la página web en lenguas indígenas; pero también poder entregar al país un alto nivel de evacuación en todos los despachos, permitiéndonos continuar el proceso de reducción de inventarios de expedientes acumulados de años anteriores.

¿Cuántas decisiones y conceptos emitió el Consejo de Estado el año pasado?
Si sumamos las decisiones adoptadas por la Sala Contenciosa, las salas Especiales de Decisión, las decisiones sobre asuntos constitucionales y los fallos a medios de control de lo contencioso administrativo, la cifra se ubica por encima de 17.970 decisiones. Por su parte, la Sala de Consulta y Servicio Civil, emitió en total 39 conceptos y dirimió 191 conflictos de competencia en el año.

En cuanto a los fallos más relevantes, aunque es muy subjetivo, podría decirle algunos como la decisión sobre la naturaleza de las redes de servicios públicos que no son de la Nación, o la adoptada en el caso de la sanción impuesta por la Procuraduría al exalcalde Samuel Moreno Rojas. También destacan otras como la actuación de la Sección Tercera en cuanto al fracking; la Sentencia de Unificación sobre alumbrado público que emitió la Sección Cuarta, o la anulación de la elección de la señora Aida Merlano, entre otros.

¿Cuáles son las principales causas por las que demandaron a la Nación el año pasado?
Son muchas, pero el sistema arroja que entre las principales estarían algunas como el daño causado por la administración de justicia, el derivado de la función administrativa, el causado a la propiedad, a la posesión o a la tenencia, el derivado de la violación a los derechos humanos o asuntos mineros y petroleros.

Sobre los procesos pendientes, lamentablemente son muchos y todos revisten especial importancia para la Corporación y, por supuesto, para las partes, pero si hablamos de impacto mediático, podría referirme al caso que avanza por el laudo en el contrato de la Ruta del Sol y a la acción de desacato que cursa frente a la decisión del fracking.

¿Considera que se necesita una reforma a la justicia, qué cambios propondría?
Absolutamente, pero la reforma en pro de mejorar la justicia no tiene que estar acumulada en un gran proyecto de reforma constitucional, sino que pueden ser diferentes procesos reformatorios de índole reglamentaria, legal, legal estatutario y, por supuesto, constitucional, pero solo en una mínima medida.

Es fundamental reformar aspectos que mejoren el acceso a la justicia, descongestionen los despachos judiciales, incluyan nuevas tecnologías como el expediente electrónico, reduzcan los tiempos del trámite de los procesos y ofrezcan así a la ciudadanía un mejor servicio de administración de justicia, célere, eficiente y efectivo.

Por ejemplo, el Consejo de Estado presentó el proyecto de reforma a la Ley 1437 (Cpaca) que tiene como principal objetivo corregir algunos asuntos que en la práctica se han detectado como susceptibles de mejora, y que por ello deben ser reformados para el mejoramiento en el acceso a la administración de justicia.

Estos son algunos ejemplos del trabajo que estamos adelantando, ahora bien, habrá temas que sí debemos concertar entre los diferentes actores como la reforma a la Ley estatuaria y estamos dispuestos a aportar en esos debates.

¿Cuáles son los principales problemas con los llamados ‘choque de trenes’ entre el Consejo y la Corte Constitucional?
El Consejo de Estado es el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, esto es, además de ser el juez natural, es el órgano de cierre de esos asuntos y a la Corte Constitucional le corresponde la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución. Cuando existen decisiones diferentes sobre los mismos temas, se genera una inseguridad jurídica innecesaria, lo cual conduce a confusión en la ciudadanía y menoscaba la percepción de legitimidad de la justicia. Por ello, considero con todo el respeto por quienes piensan de manera diferente, que cuando se trata de tutela contra providencia judicial y su eventual revisión en la Corte Constitucional, debería conformarse salas de revisión mixtas que involucren a magistrados de las tres altas cortes, por ejemplo.

¿Considera que están desbordados? ¿Qué secciones tienen mayor acumulación de procesos y qué hace falta para agilizarlos?
El Consejo de Estado trae consigo un inventario importante de procesos que data de tiempo atrás. Y hasta hace muy poco, ese inventario en lugar de reducirse se incrementaba año a año porque mientras la demanda de justicia se incrementaba día a día y el nivel de los procesos se presentaba más complejo, por mucho tiempo el número de servidores de la Corporación se mantuvo por debajo de las necesidades reales.

Para que esta problemática mejore, necesariamente debemos ampliar la planta de personal de la Corporación y de todos los despachos judiciales en todo el país, pero además debemos comprometernos con la total modernización del sistema judicial y del Estado en general.

¿Tienen planeado una transformación digital en todos los expedientes de la entidad?
Actualmente, trabajamos en un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el fortalecimiento de los servicios de justicia con el objeto de apoyar la seguridad jurídica y el Estado de Derecho en Colombia. Se trata de una operación de crédito para fortalecer las capacidades de la Rama Judicial en el País.

¿Cuántas demandas se admitieron contra la elección de funcionarios públicos en 2019?
De las demandas presentadas en 2019, se han admitido 29 contra elección de funcionarios públicos y en 2020 se han admitido cinco contra elección de funcionarios públicos.

¿Cómo se pueden explicar fenómenos como las demandas de los Nule u Odebrecht contra el Estado estando inmersos en grandes escándalos de corrupción?
El acceso a la justicia es un derecho fundamental, cualquiera que crea menoscabados sus derechos, puede acudir a la justicia para solicitar su resarcimiento, no hay barreras de acceso, ni ningún tipo de discriminación, porque esto sería lo irregular, que no es lo mismo que exista razón en sus solicitudes.