Defensa de Roa dice que la imputación de Fiscalía por tráfico de influencias no es coherente
La Fiscalía imputó los cargos, hoy 11 de marzo, a Ricardo Roa por una transacción inmobiliaria realizada en el norte de Bogotá
11 de marzo de 2026Contenido
La Fiscalía General de la Nación programó para hoy, 11 de marzo a las 9:00 a. m., la audiencia de imputación de cargos contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. El proceso judicial se origina en la compra de un inmueble en Bogotá, específicamente por presuntas irregularidades en el valor de adquisición y el perfil del vendedor, quien es un empresario con contratos vigentes con la compañía estatal.
El ente acusador investiga un segundo hecho relacionado con la adquisición de un inmueble en el sector del Museo del Chicó, al norte de Bogotá. Las autoridades analizan la compra del apartamento 902 por un valor de $1.800 millones, bajo la sospecha de que el precio de venta fue subvalorado. Por este caso, la Fiscalía indaga la posible comisión del delito de tráfico de influencias en beneficio de terceros vinculados al sector petrolero.
De forma paralela, Roa enfrenta una investigación por la presunta violación de topes electorales durante la campaña presidencial de 2022, cuando fue gerente de la campaña. El Consejo Nacional Electoral ya emitió un fallo adverso sobre estos hechos basado en que los reportes financieros indican que los gastos declarados estuvieron cerca de los límites legales permitidos en ambas vueltas presidenciales, la campaña habría excedido los $5.000 millones.
En el marco de esta misma investigación sobre financiamiento, se analiza un aporte de $500 millones realizado por el sindicato de docentes Fecode. El dinero fue entregado inicialmente al movimiento Colombia Humana y, según las pesquisas de las autoridades, terminó integrado en las cuentas oficiales de la campaña. Este movimiento de recursos es uno de los puntos centrales que la Fiscalía busca esclarecer en el proceso judicial.
Durante la audiencia, la fiscal Claudia Emilia Garrido Durán aseguró que las presuntas irregularidades en la negociación del apartamento de Roa se relacionan con el posible interés de Juan Guillermo Mancera, representante legal de la empresa Gaxi SA ESP e intermediario en la compra del inmueble, hacia un el proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena LNG, en La Guajira, liderado por Ecopetrol.
La fiscal Garrido auditó el precio del apartamento involucrado en los hechos, el cual cuenta con una diferencia de $927 millones entre el costo ofrecido y el que accedió a pagar Roa a Juan Guillermo Mancera, tratándose de $1.800 millones.
Además, la fiscal Claudia Emilia Garrido Durán afirmó durante la audiencia de imputación que Roa aprovechó indebidamente su cargo como presidente de Ecopetrol para ejercer presión sobre Luis Enrique Rojas, quien lidera la filial Hocol. Según el relato de la fiscalía, el objetivo de Roa era lograr que se favoreciera con contratos a Juan Guillermo Mancera y a su compañía Gaxi SA ESP, para lo cual habría impartido instrucciones precisas en el primer encuentro habría ocurrido el 20 de agosto de 2024 en un restaurante ubicado en Bogotá, mientras que el segundo acercamiento se habría producido bajo reserva en las instalaciones de Ecopetrol entre los meses de septiembre y octubre de ese mismo año.
La fiscalía señaló que, paralelamente a la emisión de dichas instrucciones, el presidente de Ecopetrol gestionaba la compra de un apartamento en el exclusivo sector del Chicó, al norte de Bogotá, con la firma Princeton International Holding. Aunque la propiedad estaba valorada en más de $2.700 millones, Roa habría conseguido adquirirla por un monto de $1.800 millones, una cifra significativamente inferior a su valor comercial real.
La defensa de Roa cuestionó la falta de claridad en el relato de la Fiscalía tras considerar que los hechos expuestos no encajan con el tipo penal de tráfico de influencias. El abogado subrayó que ser el presidente de Ecopetrol no explica por sí solo cómo Roa habría intervenido en la adjudicación de contratos dentro de una filial como Hocol.