Informe de la Fundación Ideas para la Paz analiza expansión y finanzas del Clan del Golfo
El documento evalúa cómo la presión militar internacional condicionan el futuro del desarme antes del cierre del periodo gubernamental
23 de febrero de 2026Contenido
Un informe de la Fundación Ideas para la Paz, FIP, indica que el Clan del Golfo ha incrementado su presencia municipal en un 104 % desde 2022. La organización requiere aproximadamente $5.500 millones mensuales para el sostenimiento de sus estructuras. Sus ingresos provienen de la minería, la extorsión y el tráfico de migrantes, además de la comercialización de cocaína.
El proceso de diálogo iniciado en septiembre de 2025 bajo mediación internacional llevó a la creación de la Resolución 471. Esta norma establece tres zonas de preconcentración en Chocó y Córdoba. El acuerdo incluye la suspensión del recaudo de impuestos ilegales por parte del grupo en 15 municipios específicos donde mantienen control territorial.
El contexto operativo del grupo se modificó tras la designación del Ejército Gaitanista de Colombia como organización terrorista por parte de Estados Unidos en diciembre de 2025. Posteriormente, en febrero de 2026, los gobiernos de Colombia y Estados Unidos acordaron priorizar la captura del principal líder de la estructura. Estos eventos, junto a la muerte de mandos medios, han generado inestabilidad interna.
La FIP señala que el interés de la cúpula en la negociación responde a la presión de las autoridades y a los costos operativos de su estructura.
Los líderes buscan opciones para el uso de recursos acumulados y el reconocimiento de una identidad política. Sin embargo, la mesa de diálogo enfrenta dificultades jurídicas ante el Consejo de Estado y la Fiscalía General por la falta de un marco legal sólido para las zonas de ubicación.
El centro de pensamiento advierte que la proximidad del periodo electoral limita el tiempo disponible para consolidar los resultados de la política de Paz Total.
La viabilidad del desarme depende de la resolución de los conflictos de competencias judiciales y de la gestión de las órdenes de extradición vigentes contra los integrantes de la organización.