Irregularidades en un proceso de la empresa Emsa llevaron a la salida de su gerente general
Auditoría reveló que Carlos Rodríguez habría incurrido en la desatención al supervisar los procesos en su calidad de ordenador
07 de agosto de 2020Contenido
Tras haberse conocido la auditoría realizada por la firma Ratzel donde se demostraron irregularidades en un proceso licitatorio de la Electrificadora del Meta (Emsa), su junta directiva decidió ayer de manera “unánime” suspender el contrato del gerente general Carlos Alberto Rodríguez Guzmán y quien entraría en su remplazo sería la actual secretaría jurídica, Dora Corredor.
De acuerdo con la investigación, se habría evidenciado que Rodríguez no tuvo control para fomentar métodos que no generan vulnerabilidades en el manejo de información, generando la posibilidad del incremento de riesgos de fraude, corrupción y fuga de información.
Al igual, se dice que habría incurrido en la desatención al supervisar los procesos en su calidad de ordenador del gasto, lo que derivó en vulnerabilidades en el proceso de contratación. Esto debido presuntamente a la ausencia de revisión exhaustiva de los documentos.
Las irregularidades se habrían presentado en la licitación 066 de 2020 con la que Emsa buscaba adjudicar los servicios de recaudo y facturación de energía.
De acuerdo con la auditoría forense de la firma, el exgerente comercial Wilson Patiño habría enviado 81 mensajes electrónicos entre el 25 de agosto de 2019 y el 14 de mayo de 2020 con información clasificada del proceso licitatorio.
Aunque hay varios implicados en el caso resalta el hecho de que estos correos terminaron en la cuenta de un funcionario de la unidad de trabajo legislativo, la cual es liderada por el senador Jonathan Tamayo.
De acuerdo con Juan David Bazzani, socio de Riveros Bazzani Abogados, el caso tiene varias tipificaciones en la ley penal, una de ellas está el Artículo 258 del Código Penal, bajo el nombre de utilización indebida de información privilegiada; la segunda son los Art. 419 y 420 que se refieren a la utilización de asunto sometido a secreto o reserva y el otro es la utilización indebida de información oficial privilegiada. Un hecho importante a tener en cuenta porque la pena o sanción derivará de que norma aplicar y si la conducta fue cometida por un servidor público o un particular.
“Con el informe de auditoría yo creo que debería trasladarse la misma tanto a Fiscalía como a la Contraloría para que determine si hay hallazgos fiscales y en esos hallazgos se abra una indagación preliminar, sin embargo, acá no se habla de perdida de dineros”, aseguró Bazzani.