JEP condenó a ocho años a los siete exmiembros del último secretariado de las Farc

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La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, entregó la primera sentencia contra el último secretariado de las extintas Farc-EP, en el caso denominado toma de rehenes, graves privaciones de libertad y otros crímenes concurrentes.

El modelo de justicia transicional restaurativo es una jurisdicción transicional que busca aportar a la paz, garantizar los derechos de las víctimas, brindar seguridad jurídica a los convalecientes y recomponer el tejido social.

Los nombres de los sancionados son Rodrigo Londoño Echeverri, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar.

A través de este pretenden investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos, pero desde un enfoque restaurador y reparador. El magistrado Camilo Andrés Suárez resaltó que "tras la firma del acuerdo en noviembre de 2016, ha permitido el desarme de 13.000 combatientes. Además, bajo la verificación de la ONU, se creó un partido político legalmente constituido".

En el caso 01, con respecto a los crímenes de secuestro por 21.000 casos, la JEP condenó a 8 años a los siete exmiembros del último secretariado de las Farc, destacando la retención ilegal de personas implementada de manera ilegal y sistemática.

"La sección sostuvo que para atribuir a los dirigentes los hechos cometidos por su subalternos, era necesario aplicar la doble imputación que combina la responsabilidad individual clásica con responsabilidad colectiva", añadió Suárez.

Añadieron que las Farc establecieron metodologías como las "pescas milagrosas", secuestros planificados, secuestros vinculados a extorsión y pagos de cuotas, entre otros. Desde 1998 el grupo armado aplicó una política de prohibir la libertad a funcionarios de la fuerza pública, además de la toma de bases con secuestros y asesinatos.

La JEP destacó que durante la política de secuestros, los altos mandos no emitieron órdenes sobre le trato humanitario a los cautivos, limitando a instruir que se preservara la vida. "La ausencia de directrices concretas permitió que los carceleros impusieran las condiciones degradantes y cometieran abusos", dijo Suárez.

Informaron que tenían información suficiente, a través de reportes, para conocer las conductas sobre más de 4.200 personas secuestradas. Suposición de control tenía un conocimiento real sobre lo que estaba ocurriendo.

"Esto implica que los comparecientes deben seguir proporcionando información veraz, completa y detallada cada vez que la JEP los requiera, incluso en las demás macroinvestigaciones en las que están vinculados. Además, la Sección de Reconocimiento advirtió que podrá ordenar proyectos restaurativos adicionales o complementarios en caso de requerirse para completar el período sancionatorio de ocho años o para reforzar la satisfacción de los derechos de las víctimas", aseguraron desde la JEP.

Para definir los proyectos de sanción, la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz verificó que existiera una conexión entre el crimen de secuestro, el daño causado y la medida restaurativa impuesta.

Desde la Jurisdicción determinaron que los proyectos serán:

• Colaborarán con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, Ubpd, que ha identificado un universo de 132.877 víctimas de desaparición forzada en el país, en la recolección de datos, elaboración de mapas y acompañamiento en visitas de campo.
• Participarán en la sistematización de información sobre zonas de riesgo, elaboración de cartografía y talleres comunitarios para recuperar territorios afectados.
• Realizarán actividades como la preparación de terrenos, instalación de viveros y reforestación para reparar los daños ambientales causados por sus operaciones.
• A través de la transcripción de testimonios de víctimas, construcción de monumentos y participación en eventos de perdón, buscarán honrar a las víctimas y promover la memoria histórica.

El cumplimiento de la sanción será monitoreado por un Mecanismo de Monitoreo y Verificación, conformado por la JEP y la Misión de Verificación de la ONU. El Gobierno Nacional es responsable de garantizar los recursos y la seguridad necesarios para que los ex-guerrilleros puedan llevar a cabo los proyectos en condiciones dignas.

Además, la JEP ha ordenado a entidades estatales, como la Unidad para las Víctimas, Uariv, que reevalúen la inclusión de las víctimas en el registro único y les permitan acceder a la reparación administrativa y a la restitución de tierras.