JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a Pablo Catatumbo y otros exjefes de las Farc
La investigación documentó 468 hechos ocurridos entre 1991 y 2016, incluidas masacres, desplazamientos forzados y ataques contra comunidades en tres departamentos
30 de octubre de 2026Contenido
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a Pablo Catatumbo y otros ocho antiguos integrantes del Comando Conjunto Central de las Farc-EP por 468 hechos ocurridos durante el conflicto armado en Tolima, Huila y Quindío. La investigación documentó graves afectaciones contra la población civil, asesinatos, desplazamientos forzados y el uso de minas antipersonal.
Según la Sala de Reconocimiento de Verdad, entre 1991 y 2016 esta estructura guerrillera perpetró 94 incursiones armadas, la cifra más alta de este tipo registrada entre las estructuras de las antiguas Farc. La JEP identificó dos patrones principales de criminalidad, entre los cuales está, el control social y territorial sobre las comunidades, que concentró 78,4% de las víctimas acreditadas, y los crímenes cometidos durante acciones armadas contra la fuerza pública y otros adversarios, que representaron 13,9%.
Entre los hechos documentados se encuentra la toma de Roncesvalles, Tolima, ocurrida el 14 de julio de 2000. Durante el ataque, integrantes de los frentes 21 y 50 destruyeron más de 30 edificaciones y provocaron el desplazamiento de cerca de 800 personas. Además, 13 policías que se rindieron tras agotar su munición fueron asesinados, pese a que, de acuerdo con la investigación, les habían prometido respetar sus vidas.
Otro de los episodios señalados ocurrió en Puerto Saldaña, corregimiento de Rioblanco, Tolima, donde una incursión desarrollada entre abril y mayo de 2000 dejó más de 3.600 personas desplazadas, al menos 27 civiles asesinados y alrededor de 200 viviendas destruidas. La Sala también documentó el uso de minas antipersonal en caminos frecuentados por campesinos y comunidades indígenas, con consecuencias mortales para civiles, incluidos menores de edad.
La investigación estableció que la estructura también persiguió y expulsó a personas señaladas de colaborar con la fuerza pública o los grupos paramilitares. También, impuso normas de comportamiento, presionó a autoridades locales y ejerció control sobre la compraventa de tierras. Las amenazas y los homicidios afectaron a líderes políticos, sociales y comunitarios, además de personas que se negaban a pagar extorsiones o a cumplir órdenes de la guerrilla.
Junto con Catatumbo, los otros ocho comparecientes imputados son Luis Eduardo Rayo, conocido como Marlon, Henoc Capera Trujillo, alias Giovanni o Giovanni Castro, Jhon Jairo Oliveros Grisales, Armando Pipas, Gustavo Bocanegra Ortegón, Donald o Donald Ferreira, Nelson Antonio Jiménez Gantiva, Gonzalo, Wilson Ramírez Guzmán, Teófilo González, Víctor Hugo Silva Soto, Erick o El Chivo, y Raúl Agudelo Medina, Olivo Saldaña.
Tras la notificación de la decisión, los nueve comparecientes tendrán 20 días hábiles para manifestar si reconocen los hechos y su responsabilidad. La JEP también solicitó que entreguen información que permita avanzar, junto con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, en la búsqueda de 30 personas desaparecidas relacionadas con estos hechos.