JEP pidió al Gobierno con urgencia $121.858 millones para implementar sentencias
La primera sentencia, la cual está relacionada con el caso de secuestro y otros crímenes cometidos por el último secretariado de las Farc, tiene un costo total de $35.762 millones
24 de septiembre de 2025Contenido
El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, Alejandro Ramelli, envió una carta a diferentes entidades del Gobierno solicitando los recursos necesarios para cumplir con el presupuesto de $121.858 millones requerido para ejecutar las dos sentencias relacionadas con los casos de secuestro y falsos positivos atribuidos a las Farc. Hasta ahora, el Estado solo ha aportado $20.000 millones.
Según la carta, la primera sentencia, la cual está relacionada con el caso de secuestro y otros crímenes cometidos por el último secretariado de las Farc, tiene un costo total de $35.762 millones. De este monto $13.634 millones son para medio ambiente, naturaleza y territorio; $10.587 millones para huellas para la memoria – Macrocaso 01; $5.829 millones para Acción Integral Contra Minas, Aicma; y $5.712 millones para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas.
La segunda sentencia restaurativa requiere de unos $86.096 millones, que a su vez, se vinculan con el Batallón La Popa. Estos recursos se desglosan en $7.044 millones para memoria y redignificación, con el Plan integral de Memorialización; $27.547 millones para sanación, armonización territorial e infraestructura comunitaria, que incluye el Centro de armonización para el Pueblo Kankuamo; $15.805 millones para el Centro Integral Omonapa del Pueblo Wiwa; $22.803 millones para infraestructura comunitaria en Valledupar y Magdalena; $5.748 millones para la Casa cultural Nelson Enrique Romo; y $7.149 millones para la línea de Productividad y generación de ingresos, representada en el proyecto “Sembradores de Amor y Paz”,
Aunque en la carta Ramelli dijo que el Gobierno Nacional ya aportó los primeros $20.000 millones, los cuales se distribuyeron por medio de la resolución de Departamento Nacional de Planeación, DNP, y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, sí se necesita una mayor inversión para solventar y llevar a cabo los objetivos predispuestos. También la JEP solicitó incluir estas responsabilidades monetarias en el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación 2025-2026.
Ramelli enfatizó que, tanto para el actual Gobierno, como para la JEP, es primordial llevar a cabo estas acciones en pro de las principales víctimas del conflicto armado, para garantizar los recursos que permitan cumplir con las sanciones restaurativas impuestas a los responsables de crímenes graves.