La JEP solicitó el arresto del gobernador de Caldas y dos alcaldes del departamento

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La Jurisdicción Especial para la Paz solicitó un arresto en contra del gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez y los alcaldes de Riosucio y Supía tras no acatar las órdenes de la justicia transicional con respecto a la protección de los derechos de las víctimas de desapariciones forzadas en el territorio Ancestral indígena San Lorenzo de la comunidad Embera.

Tanto Velásquez como Marlon Alexander Tamayo Bustamante y Marco Antonio Londoño Zuluaga (alcaldes de Riosucio y Supía respectivamente) deberán cumplir con la medida impuesta por la justicia transicional: dos días en el Comando de la Policía Metropolitana de Manizales para el gobernador y tres días bajo la custodia de la Policía de los municipios para los alcaldes.

En septiembre del año pasado, la justicia transicional había ordenado una serie de medidas cautelares, tanto a la Gobernación como a las alcaldías, para la inspección de una zona que actualmente es ocupada por la comunidad indígena y en la que habrían restos de los cuerpos de personas que habrían sido desaparecidas en el marco del conflicto armado.

La labor de estas era la creación de comisiones para que, con el apoyo de las comunidades locales como de las indígenas, se explorara la zona en búsqueda de los posibles restos de las víctimas. Sin embargo, la gestión no se hizo; de parte de las alcaldías se alegó que se solicitaron recursos económicos para la logística de la exploración y de parte de la gobernación del departamento acusaron que nunca hubo un contacto con información del asunto.

Para la JEP, “Luis Carlos Velásquez Cardona, gobernador de Caldas, Marlon Alexander Tamayo Bustamante, alcalde de Riosucio, y Marco Antonio Londoño Zuluaga, alcalde de Supía, actuaron con culpa grave en tanto actuaron con inobservancia del cuidado que cualquier persona imprime en sus actuaciones”.