Jorge Iván Cuervo deja el Ministerio de Justicia tras cinco meses en el cargo

Contenido

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, dejó el cargo este lunes tras serle solicitada su renuncia. A las ocho de la mañana, el funcionario todavía representaba al Gobierno durante la conmemoración de los 35 años de la Constitución de 1991, celebrada en la Universidad Externado de Colombia. Ocho horas después, hacia las cuatro de la tarde, se conoció que el presidente Gustavo Petro le pidió dejar el cargo, a apenas un mes de que concluya su mandato.

Cuervo había llegado al Ministerio el 11 de febrero de este año, convirtiéndose en el cuarto ministro de Justicia en propiedad durante el gobierno de Petro. Su gestión se extendió por cerca de cinco meses, uno de los periodos más cortos entre los titulares de la cartera en esta administración.

Antes que él, el Ministerio pasó por las manos de Néstor Osuna, quien ejerció el cargo entre agosto de 2022 y julio de 2024; Ángela María Buitrago, quien lo dirigió entre julio de 2024 y junio de 2025; y Luis Eduardo Montealegre, quien estuvo al frente entre junio de 2025 y febrero de 2026, cuando fue relevado por Cuervo. La cartera también tuvo, en los periodos de empalme, dos encargados: Augusto Alfonso Ocampo Camacho y Andrés Idárraga Franco.

Desde su llegada, el ahora exministro había planteado avanzar en una reforma a la justicia, para lo cual impulsó la creación de seis subcomisiones de trabajo técnico. Sin embargo, su permanencia en el cargo estuvo atravesada por diferencias cada vez más visibles con el Ejecutivo en varios de los temas centrales de la agenda política del país.

Uno de los puntos de mayor distanciamiento entre Cuervo y el Gobierno fue la propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, impulsada directamente por el presidente Petro. El exministro fue el único integrante del gabinete que se negó a firmar la solicitud, al considerar que ese debate sacaba al Ministerio de su labor técnica para llevarlo a un terreno estrictamente político.

Las diferencias más profundas, sin embargo, tuvieron que ver con la política bandera del Gobierno: la llamada "paz total". Durante una atención a medios realizada esta misma mañana en la Universidad Externado, Cuervo fue enfático en señalar que uno de los mayores errores de la estrategia fue no haber contado con un marco jurídico claro desde el arranque de las negociaciones. Según explicó, esa carencia generó incertidumbres que, a su juicio, siguen presentes hoy en las distintas mesas instaladas con los grupos armados.

El cuestionamiento más severo del exministro estuvo dirigido, no obstante, al tratamiento que el Gobierno le dio a las disidencias de las Farc. Cuervo consideró que otorgarles estatus de negociación política a estos grupos no fue una decisión acertada, y recordó que el Consejo de Estado, en un fallo emitido apenas la semana pasada, respaldó esa lectura al establecer que dicha decisión vulneró el Acuerdo de Paz firmado en 2016. Para el exministro, ese paso en falso terminó generando numerosos problemas adicionales a la estrategia de negociación.

A estas críticas se sumaron otras posturas también incómodas para el Gobierno: Cuervo cuestionó que el Estado no hubiera fijado líneas rojas claras frente a fenómenos como el reclutamiento de menores de edad y los ataques contra la población civil por parte de los grupos armados que hacen parte de los procesos de negociación.

Las tensiones con sectores afines al Gobierno también se hicieron evidentes cuando Cuervo manifestó públicamente su desacuerdo con los llamados a la desobediencia civil promovidos por figuras del oficialismo, entre ellas el senador Iván Cepeda. Esa postura profundizó el distanciamiento del exministro con ciertos sectores del petrismo, que ya venían observando con recelo sus posiciones críticas frente a la agenda de paz.

Más allá de las diferencias políticas, el paso de Cuervo por el Ministerio estuvo marcado por episodios que generaron cuestionamientos públicos. Uno de ellos fue la polémica desatada por los nombramientos de notarías durante su gestión, en particular la creación de la Notaría 82 de San Victorino, en Bogotá, un proceso que quedó bajo sospecha por presuntos favores políticos.

También debió responder por el escándalo conocido como "la parranda vallenata", protagonizado por capos recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, hecho que puso en entredicho los controles al interior del sistema penitenciario durante su administración.

Adicionalmente, en mayo de 2026 Cuervo tuvo que asumir un papel de mediador entre la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Fiscalía General de la Nación, después de que el presidente Petro ordenara suspender las órdenes de captura contra 29 cabecillas de grupos armados. En esa lista figuraba, entre otros, alias "Chiquito Malo", una decisión que generó fuertes reacciones tanto dentro como fuera del Gobierno.

La salida de Cuervo deja al Ministerio de Justicia enfrentando, a solo cuatro semanas de que termine el gobierno de Gustavo Petro, un nuevo cambio en su dirección. Se trata del cuarto relevo en propiedad durante toda la administración, un dato que refleja la inestabilidad que ha caracterizado a esta cartera en los últimos casi cuatro años, en medio de las tensiones que ha generado la implementación de la política de "paz total" y los debates sobre la reforma a la justicia que el Gobierno no logró sacar adelante.