Judicial

Juez aplazó la audiencia de López y Pinilla; piden su detención en guarnición militar

Colprensa

El togado propuso la realización de la audiencia en un día no hábil para evitar contratiempos en materia de seguridad de los implicados

07 de agosto de 2024

Carlos Jaramillo Palacio

Canal de noticias de Asuntos Legales

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Finalizó la audiencia de medida de aseguramiento en contra de Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López, conocido como ‘El Pastuso. El Juez de garantías aplazó la audiencia para el 31 de agosto de 2024.

El togado propuso la realización de la audiencia en un día no hábil para evitar contratiempos en materia de seguridad. Después de una concertación se decidió que sea ese día.

La Fiscalía General de la Nación solicitó este miércoles al juez 35 de control de garantías de Bogotá la detención preventiva en una guarnición militar de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), y el contratista Luis Eduardo López, conocido como 'El Pastuso’.

La fiscal María Cristina Patiño argumentó que, además de colaborar con la justicia, los acusados enfrentan amenazas graves que justifican una medida de seguridad robusta.

"La evaluación de riesgo realizada por la oficina de protección de la Fiscalía reveló un riesgo extraordinario, por lo que se ha decidido asignarles un esquema de seguridad adecuado", afirmó Patiño.

Patiño también mencionó que aún quedan servidores públicos y particulares por judicializar. "Olmedo y Sneyder utilizaron su posición política para formar alianzas con funcionarios del Estado y particulares, conscientes de las graves consecuencias para la seguridad pública. Estos pactos fortalecieron las expectativas de corrupción y defraudación del erario público", explicó la fiscal.

Además, advirtió que la organización criminal involucrada no ha sido desmantelada por completo y que, en libertad, los acusados podrían contactar a otros miembros de la organización.

En relación con el esquema de corrupción, la fiscal Patiño destacó que "el direccionamiento de la contratación pública afectó el derecho a la igualdad de los proponentes, otorgando ventajas ilícitas y generando un sobrecosto por la corrupción”: