Juez de Bogotá condenó a expresidente de la Corte Suprema Francisco Ricaurte por corrupción

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El juez 10 de conocimiento de Bogotá condenó al expresidente de la Corte Suprema Francisco Ricaurte por ser integrante del denominado ‘Cartel de la Toga’. Durante la audiencia, fueron expuestos los puntos más importantes del caso de la organización criminal que supuestamente Ricaurte habría conformado al interior del sistema judicial.

Durante la audiencia, Ricaurte no solo fue condenado por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, tráfico de influencias y utilización de información privilegiada; sino que además, el juez ordenó su captura inmediata.

Para llegar a esta sentencia una de las piezas claves fue el exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, uno de los testimonios considerados en el juicio y quien declaró contra Ricaurte acogiéndose a un principio de oportunidad. Moreno aceptó ser parte de “una organización criminal para favorecer a los que eran amigos de Francisco Ricaurte o a aquellos que se acercaran a esta organización bajo la apariencia de legalidad”.

Lo que el juez del caso (Guillermo Adame Suárez) estaba investigando era la acusación de la Fiscalía, entidad que señaló a Ricaurte de promover y dirigir una organización criminal entre 2013 y 2016. Y eso no lo hizo solo. También se ha señalado al exmagistrado Leonidas Bustos, al exfiscal anticorrupción Moreno, al abogado Leonardo Pinilla y el exmagistrado de la Sala Penal Gustavo Enrique Malo Fernández. Todos actuaban para direccionar procesos penales a cambio de dinero.

Según Colprensa, manipulaban los casos para los siguientes objetivos: conseguir información privilegiada, retardar los trámites, instrumentalizar medios de comunicación para restar credibilidad a testigos y hasta alterar evidencias, todo con el objetivo de obtener decisiones con apariencia de legalidad.

Luego de darse el conocimiento del fallo, el abogado de la defensa, Juan Sebastián Fajardo, insistió que impondrá recurso de apelación, y argumentó que debería tenerse en cuenta la cooperación que Ricaurte ha tenido para con el proceso debe tenerse en cuenta par cuando se realice la audiencia de sentencia. Afirmó también que mientras esto no suceda, el exmagistrado debe gozar de la presunción de inocencia; el juez hizo evidente que el fallo ya se decidió.

Contexto

Ricaurte fue capturado en 2017 por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencias de particulares y utilización indebida de información oficial privilegiada en calidad de interviniente en procesos judiciales.

La Fiscalia dijo que entre 2013 y 2016, junto con el también investigado exmagistrado Leonidas Bustos, “promovieron y dirigieron una organización criminal a la que integraron a Luis Gustavo Moreno, Leonardo Pinilla y al exmagistrado de la Sala Penal Gustavo Enrique Malo Fernández, para direccionar procesos penales a cambio de dinero”.

A lo que apuntaba las investigaciones es que Ricaurte y Bustos conseguían los clientes del 'cartel', entre los que se encuentran Álvaro Ashton, Musa Besaile, Juan Carlos Abadía, Alejandro Lyons y Julio Manzur. Los servicios que prestaban desbordaban en varias estrategias, desde consecución de información privilegiada, instrumentalizar medios de comunicación para restar credibilidad a testigos, hasta alterar evidencias.

En el caso Ashton, la participación de los exmagistrados tuvo que ver con la gestión para desestimar el caso que se adelantaba desde 2012 contra el exsenador por sus presuntos nexos con las Autodefensas; archivar el caso les habría beneficiado con $1.200 millones.

Pero como esto no se logró, “optaron por promover la salida del magistrado auxiliar que había propuesto apertura de instrucción, manipular evidencia y dilatar la investigación previa con miras a la prescripción y evitar así una eventual apertura formal”, relató el fiscal del caso, en ese momento. También resaltó que Ricaurte le dijo a Moreno cómo acordar el cobro y que el exmagistrado se quedó con 400 millones de pesos.

Por otro lado, en el caso de Musa Besaile, la Fiscalía aseguró que en 2014 Ricaurte le había pedido a Moreno que acordara con el exsenador el pago de $2.000 millones a cambio de evitar la captura de un procesado por parapolítica.

Sobre el exgobernador Juan Carlos Abadía, el fiscal dijo que Ricaurte y el fiscal Noveno Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Bettin Sierra, “acordaron orientar las investigaciones hacia posibles decisiones de archivo, dos de las cuales se alcanzaron a expedir y, por otro, evitar hacer imputaciones en contra del investigado”.

Otro caso fue el de el exgobernador del departamento de Córdoba Alejandro Lyons, en el que la fiscalía aseguró que en octubre de 2014 este contactó al exmagistrado Camilo Tarquino para que lo ayudara a que “las altas cortes y la Fiscalía tuviesen claros los hechos que habían ocurrido en un tema de regalías”, para lo cual entregó 30 millones de pesos.

Acerca del caso de Julio Manzur, el fiscal destacó que en diciembre de 2014, un mes antes de ser capturado por ‘parapolítica’, Moreno le entregó a través de un familiar información privilegiada, asegurando que era inminente su detención y le ofreció sus servicios de abogado por 2000 millones de pesos, oferta que fue rechazada.