Juez de garantías aprobó principio de oportunidad de Pedro Rodríguez en caso Ungrd

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La juez 22 de control de garantías avaló el principio de oportunidad de Pedro Rodríguez, exasesor de Olmedo López, con la Fiscalía General de la Nación, por su participación en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd.

"Con esta decisión se suspende la acción penal en contra del procesado, por el término de un año, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, en concurso homogéneo y sucesivo; falsedad ideológica en documento público agravado por el uso, en concurso homogéneo y sucesivo; falsedad en documento privado; contrato sin cumplimiento de requisitos legales; y falsedad material en documento público", se lee en el comunicado de la Fiscalía.

Rodríguez fue condenado, a inicios de abril, a más de cuatro años de prisión, por su participación en el entramado de corrupción de la entidad, por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación agravado. En su momento, el exasesor también se comprometió a reintegrar $1.000 millones que se apropió de forma ilícita, de los que ya restituyó la mitad.

Las pruebas obtenidas por la Fiscalía General, que dieron lugar al fallo, revelaron que Rodríguez presentó al excontratista Luis Eduardo López Rosero, ante el exsubdirector de la Ungrd, Sneyder Pinilla, para que se viera beneficiado con una orden de proveeduría destinada a la compra de 40 carrotanques, avaluados en $46.800 millones, que se emplearían para distribuir agua potable en La Guajira.

"En junio de 2023, el entonces asesor recibió tres cotizaciones de las empresas de López Rosero y se las entregó a Sneyder Pinilla. Con las propuestas comerciales se establecieron los términos de la convocatoria para el contrato de carrotanques", explicó la Fiscalía.

En dicha negociación, Rodríguez también aceptó servir como testigo contra otras 13 personas en cinco radicados distintos, que se relacionan con la apropiación de recursos en la Ungrd, el proyecto de reconstrucción de Mocoa, Putumayo, y el proceso de regulación del negocio de licores en Nariño.

En este último, testificará específicamente contra el precandidato presidencial, Camilo Romero, en el caso que la Corte Suprema de Justicia adelanta en su contra por presuntas irregularidades en la compra y venta de aguardiente, mientras fue gobernador de Nariño.

Por este hecho, Romero fue suspendido por la Procuraduría General, por cuatro meses, debido a que el Ministerio Público encontró una serie de irregularidades en el proceso de selección de una empresa de licores que sería la encargada de comercializar 80.000 cajas de licor en 2016. De acuerdo con el fallo en segunda instancia, mientras ejerció como gobernador, adjudicó el contrato a la Organización de Licores de Nariño S.A.S sin haber realizado el proceso de selección acorde; hecho con el que no garantizó la libre concurrencia de oferentes en igualdad de condiciones.

Cabe recordar que el alto tribunal aplazó las audiencias de juicio en su contra para el 20, 21, 22 y 23 de octubre, luego de que el 8 de septiembre, fecha en la que estaba estipulada, el precandidato presidencial se negara a estar presente porque su abogada defensora estaba ausente y le había sido asignada una de reemplazo que, según él, no estaba facultada para dirigir el proceso.