Judicial

Juez frena legalización de las nuevas pruebas en investigación contra Lili Pink

Lili Pink

La Fiscalía apeló la decisión judicial y busca mantener las pruebas dentro de la investigación contra Lili Pink

14 de agosto de 2026

Paula Andrea Marín Lara

Canal de noticias de Asuntos Legales

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El Juzgado 67 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá decidió no impartir control de legalidad formal y material posterior a una orden judicial y a los procedimientos de extracción de información adelantados dentro del proceso que involucra a Lili Pink. La decisión fue adoptada en audiencia realizada entre el 10 y el 11 de agosto de 2026.

El despacho revisó los resultados de una diligencia de extracción de información realizada dentro de la investigación. Tras analizar el procedimiento, el juez Louis Eduardo Sánchez Beltrán decidió no avalar judicialmente la orden ni las actuaciones realizadas durante esta diligencia.

La decisión también estableció que no se ordenaría la devolución de los dispositivos electrónicos involucrados, debido a que, según el acta, existía una incautación previamente legalizada con fines de comiso. Frente a la determinación judicial, la Fiscalía interpuso un recurso de apelación contra la decisión de no impartir el control de legalidad, el cual fue concedido por el despacho en el efecto devolutivo.

Esto se suma a las dificultades que ha enfrentado la Fiscalía dentro de la investigación. Según el documento sobre el desarrollo del proceso, el pasado 24 de julio otra juez de control de garantías había declarado ilegales pruebas recolectadas durante allanamientos realizados en abril de 2026. Posteriormente, en la audiencia del 11 de agosto, la defensa se opuso a que se legalizaran nuevamente elementos que ya habían sido objeto de decisiones adversas dentro del proceso.

La investigación está relacionada con delitos como contrabando, favorecimiento y facilitación del contrabando, concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La determinación de agosto no supone el cierre del proceso, ya que la Fiscalía apeló y será la autoridad competente la que deberá resolver el recurso. El caso, sin embargo, vuelve a quedar marcado por decisiones judiciales que dificultan la incorporación de elementos probatorios a la investigación.