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Justicia ordena al presidente Petro retractarse por señalamientos contra empresarios

Presidencia

De acuerdo con el fallo, el mandatario incurrió en señalamientos injuriosos y calumniosos al vincular a los hermanos Moreno con presuntos delitos

14 de diciembre de 2025

Daniella P. Rodríguez

dprodriguez@larepublica.com.co
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El Juzgado 35 Administrativo del Circuito de Bogotá determinó que el presidente de la República, Gustavo Petro, vulneró los derechos fundamentales a la dignidad humana, la igualdad, el buen nombre y la honra de los empresarios Luis Alberto Moreno y Roberto Moreno, al atribuirles públicamente conductas delictivas sin respaldo probatorio ni decisiones judiciales previas.

De acuerdo con el fallo, el mandatario incurrió en señalamientos injuriosos y calumniosos al vincular a los hermanos Moreno con presuntos delitos, en declaraciones realizadas durante un Consejo de Ministros, una alocución presidencial y a través de su cuenta oficial en la red social X. Para el juzgado, estas afirmaciones excedieron los límites constitucionales de la libertad de expresión, especialmente tratándose de la máxima autoridad del Estado.

La decisión judicial subraya que la libertad de expresión no ampara la atribución directa de delitos desde escenarios institucionales ni el uso reiterado de canales oficiales para construir narrativas de criminalidad sin sustento judicial. En ese sentido, el despacho concluyó que las declaraciones no fueron hechos aislados, sino reiterados y sistemáticos, con un impacto directo sobre la reputación y el patrimonio moral de los afectados.

Como consecuencia, el fallo ordena al presidente Petro retractarse y ofrecer excusas públicas dentro de las 48 horas siguientes a su notificación, utilizando los mismos medios en los que se produjeron los señalamientos. Adicionalmente, establece que la retractación deberá mantenerse durante tres meses en su cuenta oficial de X.

Más allá del caso concreto, la decisión es considerada relevante para el entorno económico y empresarial del país. El juzgado enfatiza que ningún ciudadano —incluido el presidente de la República— puede señalar a otro de un actuar delictivo sin pruebas ni sentencias en firme, un principio clave para la seguridad jurídica y la confianza institucional.

El fallo también envía un mensaje claro frente a la estigmatización de empresarios y ciudadanos que, como los hermanos Moreno, han desarrollado actividades productivas durante décadas. Según la providencia, la construcción de narrativas públicas de criminalidad sin fundamento no solo afecta la honra individual, sino que genera un daño real a la imagen colectiva y al entorno de negocios, al erosionar la credibilidad y el respeto por el Estado de derecho.