Juzgado de Bello admite tutela contra el sacrificio de hipopótamos en el Magdalena Medio
El juez solicitó informes al Ministerio de Ambiente y otras entidades para evaluar si el plan estatal vulnera principios de bienestar animal
20 de abril de 2026Contenido
El Juzgado Primero Civil del Circuito de Bello, Antioquia, admitió una acción de tutela presentada por un ciudadano contra el plan del Gobierno Nacional para el sacrificio de 80 hipopótamos en la región del Magdalena Medio. El despacho judicial notificó al Ministerio de Ambiente, a la Presidencia de la República y a diversas corporaciones autónomas regionales sobre el inicio del trámite.
A pesar de la admisión del recurso, el juez Alexis Fernando Pulgarín Baena negó la medida cautelar que buscaba suspender el procedimiento de forma inmediata, al considerar que no existe evidencia de un perjuicio irremediable en este momento.
El demandante argumenta que el plan estatal vulnera derechos relacionados con el debido proceso, el ambiente sano, la biodiversidad y el bienestar animal. En el escrito se solicita que las autoridades prioricen métodos no letales como la esterilización, la anticoncepción química y el traslado de los ejemplares a otros países. Asimismo, se pide garantizar la transparencia en los procesos y la participación de instituciones académicas en la toma de decisiones técnicas sobre el manejo de esta especie.
Por su parte, el Ministerio de Ambiente fundamenta su estrategia en la clasificación del hipopótamo como especie exótica invasora y en el crecimiento proyectado de su población, que actualmente oscila entre 160 y 220 individuos. El plan oficial incluye la eutanasia química y la caza de control con un presupuesto asignado de $7.200 millones. Según las autoridades, estas medidas se determinaron tras las dificultades registradas en los intentos de traslado internacional y los limitados resultados de las jornadas de esterilización quirúrgica realizadas previamente.
El juzgado otorgó un plazo de 48 horas a las entidades demandadas para que presenten sus informes detallados y justifiquen las resoluciones adoptadas. De igual manera, el accionante dispone de una jornada para aportar las pruebas técnicas y científicas citadas en su petición. Esta acción judicial se suma a otros procesos vigentes en el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde se debate la legalidad de la declaratoria de especie invasora y las obligaciones del Estado para mitigar el impacto ambiental de estos animales.
La resolución definitiva sobre esta tutela deberá proferirse en un periodo de diez días hábiles conforme a los términos constitucionales. Mientras se cumple este plazo, el cronograma del Gobierno mantiene previstas las firmas de convenios para la implementación de la estrategia en el segundo semestre de 2026. La decisión judicial final determinará si el plan de control poblacional puede continuar según lo estipulado o si requiere modificaciones estructurales basadas en los principios de protección animal invocados.