La ANT denunció ataques a campesinos beneficiarios de la Reforma Agraria
Tras la segunda vuelta presidencial, la entidad identificó un patrón de comportamiento delictivo en tres regiones del país
30 de junio de 2026Contenido
La Agencia Nacional de Tierras, en cabeza de su director Juan Felipe Harman, denunció formalmente ante la Fiscalía General de la Nación una serie de ataques, amenazas, amedrentamientos y torturas perpetrados en la última semana contra familias campesinas beneficiarias de los programas de dotación y entrega provisional de tierras de la entidad.
Con esta acción judicial, la ANT expresó su preocupación sobre un patrón de comportamiento en más de seis fincas recuperadas, distribuidas en tres regiones del país, que incluye desalojos forzados, destrucción de propiedad y actos de tortura física.
Tras los resultados de las elecciones presidenciales de la segunda vuelta, realizadas el pasado 21 de junio, la entidad identificó que el conflicto por el territorio persiste mediante el uso de la fuerza de las armas por parte de estructuras ligadas al narcotráfico, el paramilitarismo y ocupantes irregulares que "pretenden detener la Reforma Agraria".
El escenario más crítico se registró en el oriente del país, específicamente en Puerto López, Meta. Allí, en la madrugada del 24 de junio, cuatro sujetos encapuchados y armados asaltaron la finca 'La Primavera', un predio asignado el pasado 28 de mayo por la ANT a una organización campesina y que perteneció a Ignacio Álvarez Meyendorff, extraditado a Estados Unidos y condenado por narcotráfico.
Los atacantes torturaron y golpearon con machetes y palos a cuatro personas adultas y a una menor de 14 años, quienes debieron ser trasladadas de urgencia al hospital, además de incinerar la planta eléctrica, vehículos y enseres de la comunidad.
Ante estos hechos y la documentación de otros hostigamientos en el Magdalena Medio y en Córdoba, Harman solicitó que la Fiscalía General investigue con celeridad estas acciones que provocan el desplazamiento forzado de las comunidades, advirtiendo que los casos podrían configurarse incluso como delitos de lesa humanidad.
El funcionario demandó la protección inmediata para las familias afectadas, que incluyen campesinos, comunidades étnicas y víctimas del conflicto armado, así como la captura urgente de los autores intelectuales y materiales de los hostigamientos.