La Cidh condenó a Colombia por el asesinato de los integrantes de la Unión Patriótica

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) condenó a Colombia por el asesinato sistemático de integrantes y militantes de la Unión Patriótica (UP).

De acuerdo con el alto tribunal internacional, el Estado colombiano fue responsable del asesinato de más de 6.000 militantes de la agrupación por más de 20 años.

"La Corte calificó estos hechos como un exterminio y encontró que el Estado era responsable internacionalmente por el incumplimiento de sus deberes de respeto, y de garantía, por las privaciones del derecho a la vida (vulnerando el artículo 4 de la Convención Americana), las desapariciones forzadas (vulnerando los artículos 3, 4, 5, y 7 de la Convención Americana), torturas, amenazas, hostigamientos, desplazamientos forzados y tentativas de homicidio", dice la decisión de la Cidh.

Como reparación, la Corte ordenó a Colombia establecer y poner en funcionamiento una Comisión para la constatación de la identidad y parentesco de varias de las víctimas del caso listadas en la misma sentencia.

Además, dio un plazo de dos años para reabrir las investigaciones, "con el fin de establecer la verdad de los hechos relativos a graves violaciones a los derechos humanos y determinar las responsabilidades penales que pudieran existir".

También, pidió que se adelante una búsqueda para determinar el paradero de las víctimas desaparecidas cuyo destino aún se desconoce y brindar tratamiento médico o psicológico para aquellas que lo soliciten.

Otras medidas de reparación que exige la Cidh

En la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hay otra serie de reparaciones que deber hacer Colombia para reparar a la víctimas de Unión Patriótica:

• Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
• Establecer un día nacional en conmemoración de las víctimas de la UP y efectuar actividades para su difusión, entre ellas en escuelas y colegios públicos.
• Construir un monumento en memoria de las víctimas y de los hechos cometidos en contra de los integrantes, militantes y simpatizantes de la UP.
• Colocar placas en al menos cinco lugares o espacios públicos para conmemorar a las víctimas.
• Elaborar y difundir un documental audiovisual sobre la violencia y estigmatización contra la UP.
• Realizar una campaña nacional en medios públicos con la finalidad de sensibilizar a la sociedad colombiana respecto a la violencia, persecución y estigmatización a la que se vieron sometidos los dirigentes, militantes, integrantes y familiares de los miembros de la UP.
• Realizar foros académicos en al menos cinco universidades públicas en distintos lugares del país sobre temas relacionados con el presente caso.
• Rendir a la Corte un informe en el cual acuerde con autoridades de la UP cuáles son los aspectos por mejorar o fortalecer en los mecanismos de protección existentes y cómo se implementarán, con el fin de garantizar adecuadamente la seguridad y protección de dirigentes, miembros y militantes de la UP.
• Pagar las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, y costas y gastos, además de las cantidades fijadas para contribuir a la restitución de las víctimas de desplazamiento forzado, y los gastos por tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico.