Legislación

La consulta anticorrupción quedará en manos del Senado tras aval de las firmas

El Senado de la República tendrá 45 días para dar un concepto sobre la conveniencia de citar esta consulta.

17 de septiembre de 2017

Colprensa

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La Registraduría Nacional avaló cerca de 3,1 millones de firmas de las 4,2 millones que había entregado la Alianza Verde con el fin de convocar a los colombianos a una consulta popular anticorrupción, la cual ahora dependerá de tener un concepto positivo de parte del Senado para que sea convocada.

La representante a la Cámara, Angélica Lozano, una de las promotoras de ese mecanismo de participación popular, señaló que “es muy importante para Colombia esta noticia, los colombianos que estamos 'mamados' de la corrupción, que somos la mayoría en todo el país, de todas las tendencias, colores, y formas de pensamiento, nos unimos y logramos un resultado: más de tres millones de firmas que avala la Registraduría para que seamos nosotros en las urnas, los que pongamos 'tatequieto' a la corrupción”.

Explicó la congresista que ahora los ciudadanos deben ingresar a www.vencealcorrupto.com para mandar una carta a cada senador, “le pedimos a los senadores de Colombia que como ellos negaron ocho veces estos proyectos Anticorrupción, nos permitan a los ciudadanos en las urnas el año entrante, tomar estás decisiones en las urnas por el bien del país”.

Ahora, tras la aprobación de las firmas, el Senado de la República tendrá 45 días para dar un concepto sobre la conveniencia de citar esta consulta.

Para la senadora Claudia López, la consulta se podría convocar para el sábado 10 de marzo de 2018, un día antes de las elecciones de Congreso, con el fin de economizar costos y además porque no se puede cruzar con otra elección.

De llegar a las urnas la consulta se necesitarían 11 millones de personas validado la misma, en la que se determinará, entre otros aspectos, que los congresistas deben presentar balances de gestión, un límite de periodos para que estén en el Congreso, la prohibición a que empresas incursas de temas de corrupción sigan contratando con el Estado.