La Contraloría estableció hallazgos con presunta incidencia fiscal por $11.000 millones

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La Contraloría General informó que se identificaron posibles afectaciones al patrimonio público por $10.898 millones tras auditar los recursos del Sistema General de Participaciones para Educación, el Programa de Alimentación Escolar, PAE, y la infraestructura educativa de Bogotá durante la vigencia 2024.

Según se informó, el mayor impacto se concentró en el proyecto del colegio Boitá, en la localidad de Kennedy, donde se evidenciaron "sobrecostos derivados de ítems no previstos y mayores cantidades de obra", así como fallas en los diseños, en la interventoría y en la supervisión contractual.

Estas irregularidades generaron un presunto detrimento por $7.806 millones, al que se suman $1.226 millones por incumplimientos del contrato de consultoría, lo que eleva la posible pérdida fiscal del proyecto a $9.032 millones.

En el Programa de Alimentación Escolar, la auditoría estableció un detrimento adicional por $1.863 millones, asociado a la reducción de personal operativo por parte del operador Compensar, pese a que dicho talento humano había sido financiado por la Secretaría de Educación Distrital. La situación fue atribuida a debilidades en los procesos de interventoría y seguimiento del servicio.

En cuanto a la infraestructura educativa, la Contraloría informó que se revisó el contrato para la construcción del nuevo colegio Procables, en Fontibón, y detectó pagos superiores a lo efectivamente ejecutado, además de fisuras y deterioro prematuro en escaleras de las torres B y C. Sin embargo, durante la auditoría, la Secretaría de Educación presentó el acta final de obra con los ajustes correspondientes, lo que permitió un beneficio de auditoría por $388 millones.

Por su parte, en el proyecto del Centro de Alto Rendimiento del Idrd, ubicado en la Manzana del Cuidado del Porvenir – Gibraltar, con una inversión comprometida de más de $158.985 millones, se evidenciaron "retrasos significativos, incumplimientos en la planeación inicial y falta de gestión administrativa para garantizar su continuidad, situación que pone en riesgo fiscal la inversión y la culminación del proyecto". Ante este escenario, la Contraloría ordenó un seguimiento permanente hasta su finalización.