La Contraloría General realizó dos fallos de carácter fiscal

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La contralora General de la República, Sandra Morelli, confirmó el fallo que declaró responsables fiscales solidarios a los exministros de agricultura y desarrollo rural Andrés Felipe Arias y Andrés Darío Fernández, por las irregularidades en el programa de Agro Ingreso Seguro, por $12.985 millones.

Así mismo lo hizo con el Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria (IICA), ya que esta institución es un ente internacional de carácter multilateral, que hace parte de la OEA y realizó actos de no representación diplomática, sino de administración de recursos públicos que se ejecutaron sin cumplir el cometido pactado, razón por la que perdió su inmunidad diplomática.

La Contraloría General de la República comprobó que el IICA olvidó su misión institucional, como entidad asesora de los Estados Miembros, al suscribir, con ocasión de los convenios celebrados con el Ministerio de Agricultura, contratos disimiles a su objeto social en perjuicio del patrimonio público de los colombianos que estaba destinado a socializar y divulgar ciencia y tecnología al campesinado colombiano en el sector agrícola, para afrontar así los tratados de libre comercio.

El ente de control manifestó que tras revisar las pruebas e incluyendo declaraciones, así como los objetos de las subcontrataciones celebradas por el IICA con cargos a los convenios ya mencionados, no se encuentra que con ellas se haya transmitido conocimiento científico y/o tecnológico alguno que le haya permitido al campesinado colombiano apropiarse de dicha información para implementarlo en las labores agropecuarias que desarrollaban.

Por esto, la Contraloría confirmó el fallo en contra de los exministros Arias y Fernández que también cobija a los exviceministros Fernando Arbeláez Soto y Juan Camilo Salazar Rueda, y a algunos exdirectores del Ministerio: Camila Reyes del Toro, Carolina Camacho Vergara, Nohora Beatriz Iregui González y Mario Andrés Soto Angel.

Sanción en vía bogotá-girardot
La entidad también se pronunció ayer en el caso de la vía Bogotá-Girardot y declaró responsables fiscales, por la suma de $8.924 millones, al exgerente de Instituto Nacional de Concesiones (Inco), Álvaro José Soto García, al concesionario Sociedad Concesión Autopista Bogotá Girardot S.A. y a los miembros del consorcio interventor Ingenieros Proyectos Consultorías IPC S.A.S, Enrique Dávila Lozano EDL S.A.S. y Diseños Interventorías y Servicios DIS S.A.S., por las irregularidades que rodearon el proceso de ejecución de la doble calzada Bogotá-Girardot.

Así mismo, y con ocasión a la declaratoria de responsabilidad fiscal en contra de la sociedad contratista, el ente de control ordenó dar cumplimiento a la obligación de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), de declarar la caducidad del contrato de concesión del proyecto vial.

Luego de la investigación, la CGR determinó que “si al momento de hacer el pago de las obras contratadas, se hubiera observado por parte la Concesión Autopista Bogotá Girardot y del ex gerente del Inco, Álvaro José Soto García, una indexación soportada en el Índice de Precios al Consumidor dado por el Dane, se hubiese evitado la pérdida de los dineros que se identifican como cuantía del daño y que ocasionaron detrimento al erario público de la ANI, antes Instituto Nacional de Concesiones (Inco)”.

La Contraloría encontró responsabilidad fiscal por los dineros pagados en exceso en el contrato de concesión para la construcción de la vía y en la omisión de los principios de la función administrativa, por parte del consorcio y el Instituto.

Sandra Morelli
Contralora General de la República
“Las personas declaradas como responsables fiscales observaron una conducta activa, omitiendo dar cumplimiento a las obligaciones propias derivadas del contrato de concesión de obra pública de tercera generación (Bogotá-Girardot)”