La Contraloría reportó que solo se han realizado 5% de las reparaciones colectivas a víctimas
Ante la finalización de la prórroga de la Ley de Víctimas en 2031, se estima necesitar $9 billones para atender a los sujetos pendientes
13 de mayo de 2026Contenido
La Contraloría General de la República presentó un informe sobre el estado actual del Programa de Reparación Colectiva en el país. Según los datos recopilados hasta agosto de 2025, de los 1.197 Sujetos de Reparación Colectiva reconocidos por la Ley de Víctimas, únicamente 60 han finalizado su proceso. Esta cifra equivale a 5% del total de las comunidades y organizaciones inscritas en el programa.
El organismo de control estableció que el tiempo promedio para completar un Plan Integral de Reparación Colectiva es de 10 años. Este periodo representa el doble del tiempo estipulado originalmente en el marco legal. La demora en la ejecución de estas medidas afecta los plazos de atención previstos para las poblaciones que fueron impactadas por el conflicto armado en sus territorios.
Las proyecciones técnicas indican que, de continuar la tendencia de ejecución actual, para el año 2031 solo se habrá reparado a 9,4% de los sujetos registrados. En esa fecha vence la prórroga de la Ley de Víctimas, lo que dejaría a 1.645 colectivos sin concluir sus procesos de restitución y rehabilitación. Esta situación refleja una baja tasa de cumplimiento en las metas de cobertura institucional.
El cumplimiento de los planes de reparación pendientes requiere una inversión estimada de $9 billones. La Contraloría señaló que este monto plantea un reto para las finanzas públicas, pues demanda una gestión de recursos que permita cerrar la brecha de atención antes de que finalice la vigencia de la ley. La sostenibilidad fiscal del programa depende de la agilidad en la ejecución presupuestaria de los próximos años.
El mecanismo de reparación colectiva, creado por la Ley 1448 de 2011, tiene como objetivo resarcir los daños grupales mediante medidas de satisfacción y garantías de no repetición. El proceso busca la reconstrucción del tejido social en grupos étnicos y organizaciones sociales.
Sin embargo, su culminación exitosa requiere una articulación técnica entre diferentes entidades del Estado que hasta el momento no se ha consolidado en los términos previstos.