Fiscal se reunió con magistrados de la Corte para evaluar traslado del proceso del expresidente Uribe

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Aunque todavía no hay un pronunciamiento oficial, hay versiones que apuntan a que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia trasladaría el proceso que cursa en contra del expresidente Álvaro Uribe por supuesto fraude procesal y presunta manipulación de testigos a la Fiscalía General de la Nación. Ayer en horas de la noche trascendió que el fiscal general, Francisco Barbosa, se reunió media hora con los magistrados de la Sala de Instrucción y, aunque no ha trascendido el contenido de la reunión, se cree que fue para evaluar de qué manera será el traslado del expediente.

La defensa del expresidente había solicitado que el proceso del exmandatario pasara a manos de la justicia ordinaria, alegando que tras su renuncia al Senado la Corte Suprema de Justicia había perdido competencia para seguir la investigación. Esto, por considerar que la renuncia a su curul implica también la pérdida de la condición de aforado, y que al no estar relacionados los delitos con la función de congresista, el alto tribunal perdía la facultad de investigar al exmandatario.

"Es evidente que mi prohijado ha “cesado en el ejercicio de su cargo”, cumpliéndose así la primera circunstancia de hecho que exige el parágrafo del artículo 235 de la Constitución". Además, señaló que "siguiendo los parámetros de la línea jurisprudencial, acogida por la propia Sala, en el presente asunto no se cumple el requisito, establecido en el parágrafo del artículo 235 de la Constitución, para que la Sala mantenga su competencia, toda vez que no hay relación entre las supuestas conductas punibles, que son objeto de investigación, y las funciones que el doctor Álvaro Uribe Vélez desempeñaba como senador de la República", dijo Jaime Granados, el líder de la defensa del expresidente, en la carta enviada en su momento a la Sala de Instrucción.

Vale la pena recordar también que el jefe de la Procuraduría General de la Nación, Fernando Carrillo, también había pedido el traslado del expediente a la Fiscalía en cuanto, en su análisis, "la simple coincidencia temporal" de que los delitos presuntamente cometidos hubieran tenido lugar al tiempo que expresidente se desempeñaba también como senador, no es suficiente para que la Corte mantenga su competencia.