La Fiscalía acusará formalmente a Nicolás Petro, hijo del Presidente, por dos delitos

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La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente este jueves ante un juez penal especializado de
Barranquilla al exdiputado de la Asamblea de Atlántico, Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, como presunto responsable de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento
ilícito.

Para el ente investigador, los elementos materiales de prueba indican que Petro, entre junio y diciembre de 2022, habría recibido $400 millones de Samuel Santander Lopesierra, conocido como ‘El hombre Marlboro’; y diversas sumas de dinero en efectivo de Alfonso del Cristo 'El Turco' Hilsaca Elajdue, del político Máximo Jose Noriega Rodríguez y de algunos empresarios de
Cúcuta y Villavicencio.

Es así como los peritos contables y financieros del CTI establecieron que Nicolás Petro, al parecer, no declaró el ingreso de esos recursos a su patrimonio. De igual manera, identificaron varios gastos que no podían ser compensados con la capacidad adquisitiva que tenía en su cargo de diputado.

En ese sentido, se acreditó que producto del ejercicio de su cargo en la Asamblea de Atlántico percibió 280 millones de pesos en 2022, pero dice la Fiscalía que no existe registro de otra actividad económica o movimiento financiero.

Aún así, agregó el ente investigador, invirtió "$1.205 millones en el pago de arriendos, la compra de un apartamento y una vivienda, y la adquisición de ropa y artículos lujosos. Por todo lo anterior se calcula un posible incremento patrimonial injustificado de 1.053 millones de pesos".

Las audiencias preparatorias de juicio fueron programadas para el próximo 29 y 30 de abril.

Más temprano, durante la audiencia, el abogado de Nicolás Petro pidió anular la causa que se le sigue a su defendido. El jurista Sebastián García, quien ha defendido a Nicolás Petro desde la impugnación de competencia del juez Hugo Carbonó, fue el encargado de sustentar la petición ante el juzgado.

De acuerdo con García, en este caso se han evidenciado "errores groseros" en cuanto a la imputación hecha a principios de agosto por el fiscal Mario Burgos, puesto que no se realizó un acto de comunicación completo que cumpliera con los requisitos legales.

"Los hechos jurídicamente relevantes carecen de un elemento objetivo en el delito de enriquecimiento ilícito, como es el nexo de causalidad", explicó el abogado, quien alegó que la Fiscalía no acreditó que el crecimiento presuntamente injustificado del patrimonio de Nicolás Petro estuviese ligado a la función pública.

Es decir, según la defensa, para imputar enriquecimiento ilícito es necesario establecer un nexo entre el presunto ingreso ilegal o injustificado y la condición de diputado que en su momento ostentaba el primogénito del jefe de Estado, algo que, aseguró, no se cumplió en el proceso.