La Defensoría del Pueblo advierte sobre presencia de grupos ilegales en San Andrés
La entidad resaltó que las bandas criminales se han venido fortaleciendo dentro de la isla, por la desigualdad y el alto costo de vida
18 de octubre de 2022Contenido
La Defensoría del Pueblo, en cabeza de Carlos Camargo, advirtió sobre la presencia de grupos armados ilegales en el archipiélago de San Andrés. Las bandas criminales, según la entidad, se han venido fortaleciendo en la isla. Esto afecta directamente a los menores de edad, ya que no encuentran otras opciones, además de unirse a estos grupos, por la desigualdad y el alto costo de vida.
Camargo, resaltó que, “la isla vive una compleja situación que pone en riesgo los derechos humanos derivada de las escasas oportunidades laborales, desigualdad social por el alto costo de la vida. Hay una débil infraestructura sanitaria. Las niñas, niños y adolescentes crecen en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, una baja oferta educativa y algunas familias viven en asentamientos en condiciones de precariedad y hacinamiento”.
La alerta temprana que emitió la Defensoría resalta que estos grupos armados ilegales, los cuales están el 'Clan del Golfo', Los Rastrojos, Los Pusey o La Fortaleza, han incrementado su presencia y su fortalecimiento, debido a el dominio de los mercados ilegales de la isla. Por otro lado, las condiciones de desigualdad ayudan a que estas bandas crezcan y aumenten los homicidios.
Adicionalmente, la Defensoría agregó que “con los impactos de la pandemia por el Covid 19 y el paso de Huracán Iota, entre otros factores, se registró un aumento alarmante de la violencia homicida en San Andrés, durante 2020 el número de homicidios ascendió a 38 y en 2021 a 37, lo cual superó por mucho, las cifras del año 2019 (21 homicidios). En los primeros siete meses de 2022 se han registrado 11 homicidios”.
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo recalcó que los lideres sociales, comunitarios y adolescentes están en riesgo, ya que se ha demostrado agresiones en contra de estos, por realizar veedurías y denuncias de corrupción. Los niños y niñas de la isla también son víctimas de esto, según la entidad, ya que son seleccionados para transportar droga, sicariato, extorsión, amenazas y hurtos.