La Defensoría del Pueblo alerta por expansión de grupo armado en Norte de Santander
La entidad destaca un aumento en los homicidios en La Esperanza y el riesgo de choques armados con el ELN y disidencias de las Farc
12 de marzo de 2026Contenido
La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana ante la presencia de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en Norte de Santander. El organismo reportó que este grupo ilegal ha consolidado un control territorial en los municipios de Cáchira y La Esperanza tras el repliegue de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
El objetivo de este avance es el dominio de un corredor estratégico que conecta a Norte de Santander con el sur de Bolívar, Santander y la región del Catatumbo. Según el informe oficial, la organización pasó de mantener una presencia discreta a ejercer un control directo sobre la zona. Este movimiento se atribuye a la baja respuesta institucional y a los cambios en las dinámicas de otros grupos armados en el sector.
Durante el año 2025, el municipio de La Esperanza registró 11 homicidios selectivos, la cifra más elevada documentada en los últimos cinco años. La Defensoría vincula parte de estas muertes a actos de control social y a la instalación de retenes ilegales en las vías locales. Estos hechos forman parte de las acciones coercitivas detectadas por la entidad en el marco de la vigilancia del conflicto.
La situación actual genera un riesgo de enfrentamientos armados debido a la cercanía de otras estructuras ilegales en la región. En el Catatumbo operan el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y las disidencias del Frente 33 de las Farc. La convergencia de estos grupos en el mismo corredor geográfico aumenta la posibilidad de disputas por el control de las rutas y el territorio.
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo solicitó a las autoridades nacionales el fortalecimiento de la Fuerza Pública en los municipios afectados. La entidad también instó a agilizar las investigaciones judiciales por los crímenes cometidos y a implementar de manera efectiva las rutas de protección para la población civil. Se busca mitigar el impacto de la expansión armada mediante una respuesta estatal coordinada.