La Defensoría del Pueblo lanza una alerta de sobre el manejo de los residuos sólidos
También presenta una visión general sobre la grave situación que representan los botaderos a cielo abierto en Chocó, Nariño, Magdalena, entre otros lugares
12 de agosto de 2024Contenido
Se conoció un documento de advertencia de la Defensoría del Pueblo, que reveló que 22 de los 32 departamentos del país presentan una delicada situación relacionada con la disposición final de residuos sólidos, toda vez que a los rellenos sanitarios les queda poca vida útil y en algunos municipios la actividad de disposición se realiza en botaderos a cielo abierto, lo cual deriva en una grave problemática medioambiental que genera grandes problemas a las comunidades circundantes, como lo ha venido advirtiendo desde el 2022.
El Documento de advertencia sobre rellenos sanitarios y sitios no autorizados 2024 examina la situación sobre la gestión de residuos sólidos, basándose en cifras reportadas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para la vigencia 2022.
En el informe publicado, la institución de derechos humanos, con el trabajo de su Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente, presentó una visión general sobre el agotamiento de vida útil de los sitios de disposición final autorizados, situación especialmente crítica en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca, Cesar, Norte de Santander, Putumayo, Tolima, Arauca, Valle del Cauca y Vichada.
También presenta una visión general sobre la grave situación que representan los botaderos a cielo abierto en Chocó, Nariño, Magdalena, Cauca, Sucre, Putumayo, Meta, Vaupés, Antioquia, Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, La Guajira, Santander y Tolima. Y es que de los 262 sitios de disposición final en Colombia, 24 tienen vida útil vencida; 46, una vida útil de 0 a 3 años, y 22, una vida útil de 3 a 5 años.
De no tomarse las medidas apropiadas, dice la Defensoría, lo que está ocurriendo puede amenazar el derecho al goce de un ambiente sano, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, el acceso a servicios públicos y, por supuesto, su prestación oportuna y eficiente, la existencia del equilibrio ecológico, el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, entre otros.