La Defensoría emitió una alerta temprana en Magangué por expansión del Clan del Golfo
La posición geográfica del municipio facilita el tránsito de economías ilícitas y equipamiento militar entre el nororiente y el Caribe
19 de octubre de 2026Contenido
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 024 de 2026 para Magangué, Bolívar, ante los riesgos para la población urbana y rural por la expansión y el control territorial del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, EGC, conocido como Clan del Golfo. Según la entidad, la presencia del grupo armado ha derivado en vulneraciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.
La amenaza se concentra en la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes, adscrita a la estructura Arístides Manuel Meza Páez. La Defensoría advirtió que la ubicación de Magangué, en la depresión momposina, lo convierte en un punto estratégico para la movilidad entre el río Magdalena, el río Cauca y la Ruta 78, así como para la conexión con los Montes de María, el sur de Bolívar y La Mojana.
De acuerdo con la alerta, esta posición geográfica facilita el tránsito de economías ilícitas y equipamiento militar entre el nororiente y el Caribe colombiano. Además, la subestructura señalada coordina acciones con otras unidades del EGC que tienen presencia en municipios y zonas cercanas, entre ellas las subestructuras Erlyn Pino Duarte, Edwin José Sierra Regino, Manuel José Galán y Sergio Antonio Carrascal Gómez.
En materia de seguridad, entre abril y noviembre de 2025 se registraron 19 homicidios en el municipio. Durante los primeros siete meses de 2026, la cifra llegó a 23 asesinatos, además de 11 personas heridas en ataques sicariales. La Defensoría señaló que la mayoría de las víctimas eran menores de 35 años. A este panorama se suma la presión económica sobre los comerciantes, quienes han denunciado entre 12 y 15 llamadas extorsivas al día.
La alerta también advierte sobre prácticas de control social y gobernanza armada criminal en los corregimientos de Juan Arias, Tacaloa, Cascajal, Henequén y Barranca de Yuca, así como en el complejo cenagoso de Cascaloa. Entre las conductas identificadas están las restricciones a la movilidad, el control de precios y el cobro de extorsiones, conocidas como “vacunas”.
Otro de los riesgos identificados es la instrumentalización de integrantes de juntas de acción comunal para realizar cobros extorsivos. Asimismo, la entidad alertó sobre la captación de jóvenes en barrios periféricos como El Prado y Nueva Colombia para trasladarlos a entrenamientos militares en el sur de Bolívar.