Estos son los detalles de la disputa jurídica que le costaría $197.000 millones al MIO de Cali

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GIT Masivo y MetroCali sostienen una disputa de $197.000 millones en el Consejo de Estado por una modificación en la cláusula de remuneración a los operadores encargados del funcionamiento del sistema.

El conflicto inició en 2015 cuando MetroCali realizó modificaciones imperiosas al contrato de funcionamiento del sistema, según comentan fuentes consultadas por AL. En un Tribunal de Arbitramento se demostró que la compañía cambió la forma de remuneración, pasando de un pago por kilómetro recorrido a un pago por demanda de pasajeros.

Debido a esto, los cuatro operadores encargados de las primeras dos fases del sistema incurrieron a instancias judiciales alegando la vulneración a sus intereses económicos.

En 2015 un estudio del Departamento Nacional de Planeación determinó que si la situación con los operadores continuaba igual generaría afectaciones económicas para cada uno de los operadores de $4,3 billones.

Este estudio era vinculante para la empresa caleña, gracias a un otrosí de 2014, donde MetroCali estipuló que tenía 90 días para contratar un estudio jurídico destinado a atender las recomendaciones del DNP. Varios de los operadores aseguraron que esto nunca se hizo.

Frente a esta situación, tres de los operadores presentaron demandas. Solo un proceso acabó en sentencia.

GIT Masivo siguió adelante con el proceso, el cual terminó con laudo el 29 de noviembre de 2018, con una condena de $197.000 millones.

MetroCali presentó un recurso para anular el laudo arbitral ante el Consejo de Estado, debido a que las partes no lograron llegar a un acuerdo.

Con la administración de Hernando Garrido el contrato con la firma se da por terminado. Sin embargo, vuelven como asesores en la renegociación de los contratos. Adicionalmente, MetroCali contrata a Sumatoria (una de las empresas que participaron en la licitación de buses en Bogotá) para estudiar la factibilidad de los acuerdos.

Fuentes consultadas por este diario denunciaron que uno de los asesores jurídicos de MetroCali tiene conflicto de intereses en el litigio y el proceso de reestructuración, debido a que fue funcionario de la entidad, después trabajó para la firma Duran & Osorio (el bufete de abogados contratado para defender a la empresa caleña en el tribunal de arbitramento) y también es jefe legal de Sumatoria. Este mismo asesor firmó un contrato de prestación con MetroCali.

Por estos hechos, la contraparte denunció un presunto conflicto de intereses, sin embargo, fuentes consultadas por este diario aseguraron que no existe conflicto de intereses alguno y que tampoco hay relación entre los hechos denunciados. Pese a los intentos, al cierre de la edición MetroCali no habló con AL.