La Fiscalía confirma imputaciones por caso de la DNE
Contenido
El asesor del vicefiscal general, Camilo Burbano, confirmó que dentro de los funcionarios que recibirán nuevas imputaciones por el escándalo de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) se encuentra Julio Orlando Melo Ortiz, coordinador de bienes para la época y quien sigue vinculado a la entidad.
Las otras personas que serán llamadas a imputación son Luis Fernando Sáchica Méndez, quien era el subdirector de bienes para la época de los hechos; Enrique Robledo Solado, subdirector jurídico de la DNE, y los particulares, Óscar Buitrago Londoño, Antonio Carvajal Coll, Adolfo Castillo Lozada, David Rojas y Alejandro Yepes. Los implicados deberán responder por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, interés indebido en la celebración de contratos y contratación sin cumplimiento de requisitos legales
Dicha formulación de cargos se hará en diligencias programadas para los días 13 y 17 de marzo. No se descarta que sean cobijados con el beneficio de casa por cárcel, en aplicación del nuevo código penitenciario y carcelario.
Según Burbano, las personas listadas están siendo investigadas por estar involucrados en las irregularidades que tienen que ver con la adjudicación de dos empresas con más de quince establecimientos de comercio, sobre todo “bombas de gasolina que fueron adjudicadas de manera ilegal y cuya defraudación supera los $5.000 millones”.
De acuerdo con lo que ha logrado establecer la Fiscalía, estas nuevas imputaciones se derivan de los hechos acaecidos con la adjudicación de las sociedades Movilgas Ltda. y Estaciones de Servicio Alvarado y Cía., conformadas por quince establecimientos de comercio; que al parecer se efectuaron omitiendo el proceso de invitación pública y sin cumplimiento de los requisitos que exige la ley.
También determinó el ente de investigación que las utilidades que produjeron estas sociedades no fueron reportadas a la DNE y que se habría presentado un cambio de razón social de los adjudicatarios.