La Fiscalía incautó 47 bienes por presunta vinculación al tráfico de migrantes
Los activos eran presuntamente usados para trasladar cerca de 800.000 ciudadanos extranjeros hacia Centroamérica
30 de junio de 2026Contenido
La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión en un total de 47 bienes.
Estos activos pertenecían presuntamente a una red dedicada al tráfico de migrantes y al ocultamiento de los recursos derivados de dicha actividad. La afectación legal de las propiedades se realizó en el marco de un proceso de extinción del derecho de dominio liderado por la institución gubernamental.
Los bienes afectados han sido valorados de manera preliminar en $29.106 millones. El inventario de las propiedades incluye ocho inmuebles, tres sociedades comerciales, cuatro establecimientos de comercio, ocho vehículos y 24 embarcaciones. De acuerdo con los elementos recopilados en las investigaciones, estos activos eran utilizados para facilitar el transporte de personas extranjeras desde el Golfo de Urabá hacia Centroamérica.
Las indagaciones señalan que la organización habría gestionado el traslado de aproximadamente 800.000 ciudadanos procedentes de países como Afganistán, Irak, Arabia Saudita, Haití, Venezuela, Costa Rica y China.
Una parte de las propiedades bajo medidas cautelares habría sido adquirida de forma posterior con el objetivo de administrar e incrementar el capital obtenido, así como de evitar el rastreo financiero por parte de las autoridades competentes.
Las medidas restrictivas fueron decretadas por una fiscal adscrita a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio. Las diligencias operativas para la toma de posesión y el secuestro de los activos se desarrollaron mediante un trabajo coordinado con unidades de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Dijin, de la Policía Nacional.
Los procedimientos se ejecutaron en los municipios de Medellín, Apartadó y Necoclí, en el departamento de Antioquia, así como en Unguía y Quibdó, en el departamento de Chocó.
La publicación de estos hechos se efectúa bajo consideraciones de interés general y transparencia institucional. La situación jurídica de los activos y de las personas vinculadas a la investigación formal se encuentra sujeta a las determinaciones de las autoridades judiciales correspondientes.
El proceso penal y de extinción de dominio se adelanta conforme a los parámetros legales vigentes y respetando las garantías procesales instituidas en el ordenamiento constitucional.